La demolición de las torres 1 a la 4, el número de familias con las cuales la constructora ya ha negociado y con las cuales aún no lo ha hecho, y la posible compra del lote de Space por parte del Municipio de Medellín, son algunas de las diferencias sustanciales sobre varios temas referentes a Space que se advierten en las declaraciones entregadas a Vivir en El Poblado por parte de Marco Tulio Zapata, agente liquidador de Lérida Constructora de Obras S.A., y Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura.
< Marco Tulio Zapat
En el limbo
“La liquidación no tiene recursos para demoler, no tengo en este momento ni la capacidad técnica ni financiera para hacerlo”, asegura Marco Tulio Zapata, designado por la Superintendencia de Sociedades para adelantar el proceso de liquidación judicial de Lérida Constructora de Obras S.A, parte integral del Grupo CDO. Y agrega: “Como Lérida CDO no puede cumplir con la implosión directamente porque eso implica unos gastos, unas erogaciones y un conocimiento técnico inmediato, la Superintendencia de Sociedades le plantea al Municipio de Medellín que ejecute la implosión, y este proceso se le cargará a la liquidación como gasto de administración, como gasto preferente”.
< Diego Restrepo
Sin embargo, esta afirmación del agente liquidador dista de la posición que tiene el Municipio de Medellín, presentada por Diego Restrepo, designado por la Alcaldía para atender los temas relacionados con Space. Según el funcionario, “la Superintendencia le ordenó al liquidador cumplir con la orden de demolición. El auto de la Super del 27 de julio de 2014 lo deja en claro y al final dice que ‘en caso de no existir recursos para proceder a la demolición de las torres 1 a 4 del Edificio Space, deberá el Municipio de Medellín, a través de la entidad competente, suministrar los recursos para realizar la demolición referida’. No dice que nosotros debemos contratar la demolición, sino ‘suministrar los recursos’, y eso es justamente lo que estamos estudiando, cómo sería el suministro de recursos”.
Además, añade el gerente de Vivienda Segura que “el Municipio no le puede asumir un préstamo a Lérida CDO. Lérida debe ya 3.500 millones de pesos de la atención de la emergencia por el colapso de la torre 6. Nosotros tenemos una hoja de ruta para que sea Lérida CDO la que contrate la demolición.
Estamos hablando con la Supersociedades, no con el liquidador, porque este es reiterativo en decir que la implosión la debe hacer el Municipio, que es lo mismo que decía CDO”.
Entre tanto, Rogelio Gómez, gerente de Demoliciones Atila, empresa encargada de la implosión de la torre 5 de Space el pasado 27 de marzo, dice no haber sido contactado para adelantar lo relacionado con la implosión de las torres 1 a la 4 de Space. Cabe anotar que, hasta el momento, es la única compañía colombiana capacitada para hacer este tipo de operaciones.
“El Municipio no está interesado en comprar el lote Space”: Diego Restrepo
Otro de los puntos en que difieren las declaraciones dadas a Vivir en El Poblado por el agente liquidador de Lérida CDO, Marco Tulio Zapata, y la Alcaldía, es el referente a un supuesto interés de este último en adquirir el lote de Space. De acuerdo con Zapata, “hay un interés inicial del Municipio por adquirir ese lote, eso implicaría un avalúo (…). Bajo esa forma trataríamos de cancelar todas las deudas que se tengan con el Municipio. También habría algún tipo de devolución. Space (el Grupo CDO) tuvo que pagar una contribución por efecto de la construcción de esos edificios, entonces tiene que haber algún tipo de devolución; vamos a hacer una conciliación completa”. Ante esta afirmación, el gerente de Vivienda Segura responde: “No. No hay interés del Municipio en comprarlo, yo simplemente le dije que enviara la propuesta y él la mandó el viernes pasado (8 de agosto) ofreciendo el lote de Space”.
En busca de conciliación
En relación con el número de familias damnificadas de Space, de las torres 1 a la 4 con las cuales el grupo constructor CDO habría adelantado algún acuerdo económico, tampoco hay concordancia entre lo que dicen el agente liquidador y el gerente de Vivienda Segura. El agente liquidador, asegura: “Se han adelantado negociaciones parciales con propietarios de 37 apartamentos y de esos solo se adeuda 3.400 millones de pesos, pero quedan 30 apartamentos por negociar que representan 10.000 millones de pesos”. Por su parte, Diego Restrepo señala: “Son 15 familias con las cuales se negoció parcialmente y se les pagó un 50 por ciento, el otro 50 por ciento quedó en veremos por el tema de la liquidación; con 28 familias no se ha negociado. El mismo doctor Álvaro Villegas, en una reunión reciente que tuvimos con la Superintendencia de Sociedades, informó que faltaban 43 familias por negociar. A mí me coincide la información que nos han entregado las familias con la información que nos suministraron Álvaro y Pablo Villegas”. Lo cierto es que, con el acompañamiento de la Alcaldía, la Procuraduría, la Superintendencia de Sociedades, la Personería y la Defensoría del Pueblo, los damnificados por el Grupo CDO esperan que las propuestas entregadas esta semana a la constructora con el fin de ser reparados económicamente, sean tomadas a consideración, de manera que haya una pronta conciliación.
Referente al tiempo que podría tardar la liquidación judicial de Lérida Constructora de Obras S.A, Marco Tulio Zapata comenta que sería de tres meses. “Aquí el activo es muy claro. La presentación de los créditos por parte de los acreedores es hasta el 18 de agosto. Estos créditos se analizan se califican, se gradúan y se le pasa un informe a la Superintendencia de Sociedades, y luego esta autoriza pagos”.
Causas del desplome: sigue la demora
Pese a que el alcalde Aníbal Gaviria había afirmado en entrevista a Vivir en El Poblado que la Universidad de Los Andes entregaría el informe final sobre las causas del colapso la torre 6 la primera semana de agosto, este aún no se conoce.
Diego Restrepo manifiesta que la demora radica en que la Fiscalía General de la Nación estaba todavía recogiendo muestras en la zona de la tragedia, pero Germán Darío Giraldo, director Seccional de Fiscalías de Medellín, lo controvierte. “La inoperancia de las otras entidades nos la están achacando a nosotros; la demora de la Universidad de Los Andes para entregar el informe final no ha tenido nada que ver con la toma de muestras de la Fiscalía. Hace mucho terminamos esa recolección, estuvimos dos días en el sitio y eso fue hace seis meses”.
