El manejo correspondía al de una entidad privada, lo que no es admisible si esa Corporación se beneficiaba de ejercer su actividad en un bien de propiedad pública, a partir de un contrato de comodato que firmó en 1999 y renovó en 2005 con la Secretaría de Hacienda. Los bienes públicos por esencia tienen acceso libre y no, como ocurría en Manila, mediante el cobro de tarifas por los servicios.
Alertado por la ciudadanía, el Municipio determinó que había un incumplimiento del contrato y se tardó tres años (en 2008) en solicitar la devolución del inmueble.
Y vaya lío. Contrario a lo que se espera de una Corporación que fue beneficiada nueve años con el préstamo de un bien de propiedad de la ciudad, con lo que esa posibilidad representa, por ejemplo, en ahorros por arrendamiento, Taller de la Música acudió a oídos sordos y alteraciones de la nomenclatura y de su razón social para aferrarse al predio, cual Estrategia del Caracol. También a la figura de la tutela, para que le ampararan sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Notificaciones y recursos llevaron a la extensión de los tiempos.
Siendo de la cultura, bien pudo entenderse con el Municipio de manera culta, sensible, pacífica y sin necesidad de recargar el sistema Judicial. Pero así decidió abordar el proceso, dijeron las Córdoba Galvis, Azucena (representante legal) y Lily (directora), por “persecución política”.
El pleito terminó y Taller de la Música por orden del Tribunal Administrativo de Antioquia hizo la devolución al Municipio 8 años después. Hoy el manejo lo tiene la Secretaría de Suministros y pasará a Cultura Ciudadana, que confirmó que recuperará el bien y que hará un estudio de las condiciones en que fue restituido y de posibles usos.
En ese estudio debe ser prioritario un diagnóstico de sismorresistencia. Y en la definición del uso, no se puede deshonrar el compromiso establecido con el ciudadano que donó su propiedad a la ciudad para destinación exclusiva en educación y cultura de beneficio colectivo. Aun más, la Secretaría de Cultura se debe blindar de propuestas y presiones de quienes han visto allí una extensión del comando de Policía de El Poblado.
