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Sigue la preocupación

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 Sigue dando de qué hablar el congelamiento al que están sometidas desde principios de este año 11 mil hectáreas de tierra en el oriente antioqueño por hacer parte de la reserva forestal protectora del río Nare con el fin de construir el Parque Arví.
La norma, proveniente del año 1970, sólo viene a hacerse cumplir ahora, 40 años después, mediante la resolución 021 del 5 de enero de 2010 del Ministerio de Ambiente. Ni curadurías, ni oficinas de Planeación, ni Corantioquia, ni Cornare hicieron en este lapso correctamente la labor que les correspondía de controlar la construcción y proteger la zona en reserva. De ahí que ahora se están sufriendo las consecuencias.
Para el arquitecto vinculado al sector inmobiliario Felipe Rodríguez, hasta ahora las preocupaciones manifestadas han girado en torno a los recursos que están dejando de recibir los cinco municipios cobijados por la norma (Medellín, Envigado, El Retiro, Rionegro y Guarne), “que se iban a quedar sin plata porque no iban a poder aprobar licencias de construcción, que los curadores estaban muy preocupados porque no iban a poder aprobar las urbanizaciones, pero por ninguna parte se ha hablado de qué va a pasar con los propietarios, de si el Gobierno o los municipios les van a comprar sus tierras”.

Compra: una solución
Aunque diversas autoridades regionales y nacionales han asegurado que a mediados de este año se reglamentará la norma para que las 11 mil hectáreas decretadas como reserva forestal se reduzcan a seis mil, el hecho es que las restantes cinco mil pertenecen a particulares, quienes no podrán construir en ellas pese a que muchos las compraron para este fin. Lo que sí seguirán haciendo es pagando impuestos sobre dichas tierras. “Muy bien que el Gobierno o el Municipio quieran hacer un proyecto en esas tierras, pero que se compren, y hasta el momento esta propuesta no se ha hecho”.
Con respecto a esta inquietud del arquitecto Rodríguez, el administrador, asesor inmobiliario y experto en propiedad raíz, Francisco Ochoa, no sólo está de acuerdo sino que no cree fácil la solución del problema pues hay muchos intereses en conflicto. “Es un escenario bastante utópico que el Ministerio deje la resolución sin piso. Por tanto, no me cabe la menor duda de que muchas personas se van a ver perjudicadas y sus propiedades se desvalorizarán. Lo justo y lo legal es que les compren el lote por el valor comercial porque nadie tiene por qué conservar un terreno que es para beneficio de todos y en el que no se puede construir. Además, los responsables deben resarcir los perjuicios ocasionados”.
Por el momento queda esperar el giro que las autoridades correspondientes le den a este problema que involucra tanto a pequeños como a grandes inversionistas.

 
   
 

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