La constructora y los demandantes, cada uno por su lado, interpusieron recursos legales a esa decisión. Los copropietarios argumentan que la sanción de 27 salarios no es proporcional, pues son 320 los consumidores afectados. También pidieron que se entregaran los bienes ofrecidos en la publicidad, es decir, el lote de 4.524 metros cuadrados.

Al respecto, la Superintendencia señaló que la sanción, que podría haber llegado a los 100 salarios mínimos, es proporcional, atendiendo al grado de gravedad considerado, los medios en que fue realizada la oferta y el número de consumidores potenciales a que pudo haber llegado la información. En cuanto a la pretensión de que se entreguen los bienes tal y como se indica en la publicidad, conceptuó que no tiene facultades para decidir o conocer sobre pretensiones contractuales declarativas o indemnizatorias.

Ante esta situación, los copropietarios se mantienen en que la sanción les parece irrisoria, pero interpretan el fallo de la Superintendencia como favorable a sus intereses. Según Mónica López, una de las demandantes, lo que sigue ahora es iniciar un proceso en el que buscarán que les den una indemnización, al mismo tiempo que sientan un precedente en este tipo de casos. Se apoyan en un concepto de Planeación Municipal, dirigido al abogado Botero, en el que esa dependencia anota que “tratándose de promesas de venta, o de escrituras de venta, usted puede, en ejercicio de la acción resolutoria implícita en todos los contratos bilaterales, demandar el cumplimiento del contrato o exigir la resolución del mismo”. Calcula López que el proceso puede durar 3 años.