Las autoridades no se deben limitar a la restricción, que impide sacar el carro, y descartar la creatividad. El cuidado del ambiente, una urgencia colectiva, tampoco puede abandonar al ciudadano a su suerte en frentes como la economía y la movilidad.
Si en una semana tengo restricciones hasta de doce horas acumuladas para utilizar mi carro o mi moto, incluso de 32 horas para los modelos 1996 y anteriores, ¿el monto del pago del impuesto vehicular debe permanecer intacto?, se preguntan hoy conductores en el Aburrá que, preocupados o no por la contaminación del aire y rigurosos o infractores de los requisitos de mantenimiento tecnicomecánico, caen todos cobijados por la misma medida.
¿Se puede tocar ese impuesto? Once años atrás un Proyecto de Ley proponía compensar el pico y placa. En sus cuentas, si un vehículo no se podía usar durante 52 días al año, la contribución tendría que variar: al tributo de 300 mil pesos se le descontarían 42.739 pesos. El proyecto quedó archivado.
Cali no tocó el impuesto, pero sí el pico y placa. Mediante un Acuerdo Municipal estableció que bien por pago anual, de un millón 628 mil pesos, o por mes, 135 mil, el conductor circulará sin restricciones. Lo denomina Tasa por congestión o contaminación y el recaudo suma en la operación del sistema de transporte MIO. Bogotá exploró un pago voluntario, también para permitir la libre elección del pico y placa, mediante un monto anual estimado de hasta 7 millones de pesos, pero el proyecto fue frenado.
La participación del impuesto vehicular en los ingresos tributarios del Departamento equivale al 20%. El recaudo en 2018 fue de 211.338 millones de pesos.
¿Y nosotros? Fenalco señala que el parque automotor eléctrico debe tener cero impuestos y, en palabras de Sergio Ignacio Soto, “ser prudentes con las restricciones para proteger también la productividad, la competitividad y el empleo. Cientos de miles de ciudadanos tienen su carro y su moto como herramienta de trabajo”.
Mientras tanto, en el sector público una posibilidad de alivio al ciudadano no hace parte de la agenda de las secretarías de Hacienda. En la de Medellín indican que es un proceso que corresponde al Departamento y en este responden que ni lo tienen previsto, ni está “dentro de sus competencias”, ni está en estudio una medida relacionada. En Movilidad informan que son temas de Hacienda.
¿Nos varamos en las mismas medidas, que se comportan entre la media rigurosidad y la alta exigencia, según las alertas del aire? ¿No ven más allá de las prohibiciones con efecto de corto plazo?
El transporte público todavía tiene tareas en materia de dignidad, oportunidad, sostenibilidad y buen servicio. Las ciclorrutas están más en planos que en operación y rodar por las calles puede costar la vida. El metro no da abasto en las horas pico (“adelantar o atrasar los viajes”, se atreven a sugerir). Y para el carro compartido, por cultura, miedo o falta de tejido social, parece que no estamos listos.
¿Se limitaron las autoridades a la restricción por encima de la creatividad? La capacidad de respuesta no debería abandonar al ciudadano a su suerte.
