Se obedece pero no se cumple
El eterno problema de convivencia entre residentes, comerciantes y autoridades municipales se puede simplificar, para entenderlo, a una sola idea: una cosa dice la ley y otra cosa hacen las personas
Para las personas que no pertenecen a nuestro mundo hispano y latinoamericano, ni qué decir de quienes no conocen las particularidades del ser colombiano, la relación que tenemos con la ley, desde el punto de vista cultural, es a todas luces, extraña, si se quiere bizarra.
Eso de que la ley se obedece pero no se cumple, una verdad verdadera desde la lejana España hasta la no más cercana Patagonia, en la cálida Cuba y en la fría Bolivia, y por supuesto, en la lluviosa y primaveral Medellín, es un concepto incomprensible para los que no comparten nuestra cultura y nuestra lengua. Pero es algo que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad a cada paso de la vida, en los negocios, en el trabajo, en la convivencia entre vecinos, incluso en los más serios asuntos congresionales y estatales, entre quienes hacen las leyes y quienes las deben hacer cumplir.
Por ejemplo, en la Zona Rosa la ley se obedece pero no se cumple. El eterno problema de convivencia entre residentes, comerciantes y autoridades municipales se puede simplificar, para entenderlo, a una sola idea: una cosa dice la ley y otra cosa hacen las personas. Los funcionarios públicos trabajan incansablemente programando y asistiendo a reuniones con la comunidad, visitando establecimientos, exigiendo el cumplimiento de las leyes relacionadas con la actividad comercial de cada uno y con las exigencias de planeación municipal y de usos del suelo: se pasan la vida haciendo control. Y el problema sigue ahí, como si nadie hiciera nada. Todos los negocios controlados o cumplen la ley y pueden seguir abriendo sus puertas o son obligados a cumplirla para poder continuar su actividad, pero son cientos los que aunque cumplen lo que les piden (papeles, certificados, permisos, etcétera), al mismo tiempo le hacen el quite a la ley, es decir, la obedecen pero no la cumplen. Por eso el problema de convivencia sigue ahí.
Y lo mismo, pero al contrario, podría decirse de las normas vigentes sobre piscinas en unidades residenciales. La ley se obedece por supuesto, pero tampoco se cumple. Aquí no por la viveza de personas hábiles que le hacen el quite, sino porque el texto legal, por la imposibilidad física de cumplir lo que dice, parece escrito para otra dimensión en el tiempo y en el espacio. Los encargados en primer lugar de velar por su cumplimiento, los administradores de propiedad horizontal, son los primeros en denunciar la distancia insalvable que hay entre la ley y la realidad, pero no solo ellos: también algunos legisladores y funcionarios públicos dicen que la ley es imposible de cumplir. El proceso para reformarla está en curso, pero mientras tanto, para la ley vigente solo queda obediencia e incumplimiento.
Sí, la idea parece absurda, pero es de una claridad meridiana en estas latitudes tropicales.
