Como vocero de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan el 99,5 % del tejido empresarial nacional y generan más del 56 % del empleo formal, el gremio se mostró contrariado ante la aprobación del acto legislativo.
En un comunicado de prensa, Acopi indica que reitera su compromiso con el empleo digno y con mejores condiciones laborales. Sin embargo, advierte que las medidas aprobadas se suman a un entorno ya desafiante para la sostenibilidad empresarial y comprometen su viabilidad, especialmente en el caso de las Mipymes.
“Además, ignora la situación de más de 14 millones de personas en informalidad, desempleo o autoempleo, que representan el 75 % de la población en edad de trabajar y que la reforma no contempla”, destaca la nota.
Según se informó, el equipo técnico de la entidad ha realizado un análisis comparativo del impacto económico de tres disposiciones centrales de la reforma laboral recientemente aprobada, así:
- Ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p.m.
- Incremento del recargo dominical y festivo del 75 % al 100 %
- Reconocimiento de salario completo, seguridad social y prestaciones legales a los aprendices del SENA
De acuerdo con las estimaciones realizadas:
- En una empresa tipo de 100 trabajadores, estas medidas representarían un sobrecosto aproximado de $157 millones anuales, equivalente a varios meses de nómina o a una fracción significativa de su utilidad neta.
- En una microempresa del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) con 10 empleados, el impacto anual estimado supera los $22 millones, cifra que puede comprometer su operación regular.
“La implementación de estas medidas, sin un esquema de transición ni instrumentos compensatorios, incrementa los costos laborales a niveles difíciles de asumir para muchas unidades productivas, en especial aquellas intensivas en mano de obra como el comercio, el turismo, la gastronomía, la economía popular, el entretenimiento y los servicios personales y especializados como la seguridad privada”, advierte el gremio.
En este contexto, Acopi insiste que la aplicación de la reforma en los términos actuales podría derivar en:
- Aumento de la informalidad laboral
- Reducción del empleo formal, especialmente en las regiones
- Cierre progresivo de micro y pequeñas empresas
- Congelamiento de nuevas contrataciones
- Pérdida de competitividad frente a países con entornos regulatorios más equilibrados
Detalla que la experiencia comparada en América Latina ha demostrado que reformas laborales que desconocen la capacidad real del aparato productivo pueden conducir a la contracción del empleo formal y al debilitamiento de la base empresarial.
“Acopi hace un llamado respetuoso al Gobierno nacional, al Congreso de la República y a los distintos actores sociales a propiciar espacios de concertación efectiva con el sector productivo. Una reforma laboral debe ser socialmente justa y, al mismo tiempo, económicamente viable”, concluye la nota.
