< Concejal Bernardo Alejandro Guerra
Ad portas del debate sobre el Proyecto de Valorización El Poblado, que se realizará en el Concejo de Medellín el jueves 13 de noviembre, el concejal Bernardo Alejandro Guerra habló de los temas y denuncias más importantes que se han discutido en el cuerpo colegiado sobre este proceso.
Ampliación del perímetro
En primer lugar, recordó las denuncias que se realizaron a raíz de la reducción del perímetro de la zona de citación, que eximía del cobro a las propiedades de la familia Fajardo Moreno y la vivienda de Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura de Medellín.
“Personalmente denuncié el hecho de que Mauricio Valencia se excluía del Proyecto de Valorización, en su propiedad de 7 mil millones de pesos en la parte alta de El Poblado. Igualmente, excluía propiedades comerciales y residenciales de los Fajardo como Premium Plaza y Reserva del Tesoro”, manifestó Guerra.
Según el concejal, si no se hubiese realizado la ampliación del perímetro y se hubieran incluido propiedades en la Loma del Indio y la zona industrial de Guayabal, a los propietarios les hubiera tocado pagar el doble.
¿Qué obras debe pagar El Poblado?
Por otro lado, Guerra aseguró que el Concejo de Medellín comparte la postura de la Junta de Representantes y Propietarios del Proyecto de Valorización de El Poblado, con respecto al cobro de las obras en Los Balsos y la carrera 34. Afirmó que son vías intermunicipales que mejoran la movilidad, no solo de El Poblado, sino de las comunas y municipios aledaños. “Hay argumentos de peso para mirar cómo se puede disminuir, sobre todo, el impacto por el cobro del 50% que tiene que ver con las obras de Los Balsos y de la 34”.
También dijo que es necesario reevaluar el cobro a los habitantes de Envigado. “Cuatro obras benefician a sus habitantes, para su salida y acceso al municipio dormitorio, y para venir a trabajar y estudiar en Medellín”.
Cobrar las obligaciones urbanísticas
Como contrapeso para aminorar el monto del cobro por Valorización, el concejal Bernardo Alejandro Guerra propuso que las obligaciones urbanísticas sean cobradas a las constructoras. La deuda por este rubro asciende a más de 200 mil millones de pesos, de los cuales, según el concejal, la familia Fajardo Moreno debe 25 mil millones.
“En el tema de obligaciones urbanísticas, la respuesta ha sido que se está configurando nuevamente el archivo que se desconfiguró. ¿Quién lo desconfiguró? ¿Por qué la Fiscalía no ha venido a buscar en los archivos? ¿Qué funcionario se prestó para ello? Eso es igual de grave que, en impuestos nacionales, lo desconfiguren a usted del sistema para que no pague impuestos”, aseguró Guerra.
Asimismo, expresó que el cobro de esta deuda puede ser una solución para reducir el costo de la contribución y subsanar crisis como, por ejemplo, la que atraviesa el sector hotelero, que se ha visto afectado por la proliferación de hoteles e instancias informales e ilegales, que han reducido sus ganancias. “El estado ha sido incapaz de combatir la para-hotelería y la para-motelería en sectores residenciales de Medellín”, dijo el concejal.
