El año 2024 ha sido un año complejo para la educación en Colombia. Las decisiones en materia de presupuesto, los cierres de instituciones educativas privadas y los indicadores educativos esbozan un panorama desafiante que merece un análisis profundo.
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La educación en nuestro país se ha visto afectada por la insuficiencia en la gestión y ejecución del presupuesto destinado al sector. A pesar de las promesas iniciales de robustecer el sistema educativo, el Ministerio de Educación no ha logrado ejecutar de manera eficiente los recursos asignados, lo que ha derivado en la baja generación de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, cobertura, currículo pertinente, capacitación docente en estrategias y habilidades siglo XXI, dotación de materiales pedagógicos y tecnológicos, entre otros aspectos fundamentales para mejorar la calidad educativa que reciben nuestros niños, niñas y jóvenes. Esta situación no solo ha impactado negativamente a los colegios públicos, sino que también aumenta la desigualdad entre regiones y nos pone en desventaja cuando nos comparamos con los avances educativos en el mundo.
Una de las consecuencias más preocupantes fue el cierre de aproximadamente 150 colegios privados en el 2024, especialmente en zonas urbanas y rurales donde estas instituciones habían jugado un papel importante como complemento al sistema público, que se suman a los más de 500 que han cerrado sus puertas en los últimos años. Factores como el aumento de los costos operativos y la reducción de matrículas debido a la situación económica contribuyeron a esta situación.
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Así mismo, los resultados de las pruebas PISA 2024 evidenciaron un retroceso en los desempeños de los estudiantes colombianos en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias. La brecha entre Colombia y otros países de la región se amplió, situando al país por debajo del promedio de América Latina. Esto pone de manifiesto la urgencia de una política educativa integral que aborde tanto la calidad de la educación como las desigualdades estructurales. En los temas de ciencia, tecnología e innovación, aspectos fundamentales para el desarrollo del país, también sufrieron recortes significativos. Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sufrió una reducción presupuestal del 20 %, limitando la financiación de proyectos de investigación y becas para estudiantes de posgrado. Este hecho compromete el desarrollo científico del país y disminuye la competitividad internacional de Colombia en el ámbito académico y tecnológico.
El Icetex también fue objeto de críticas debido a la falta de inyección de presupuesto que permitiera aliviar la carga de los estudiantes con créditos educativos; la falta de apoyo a esta entidad pone en riesgo la formación de una generación que podría contribuir al desarrollo económico y social del país. Y para cerrar el año, se habla de un recorte presupuestal para la educación en 2025 que prende las alarmas porque las perspectivas a futuro pueden llegar a ser más preocupantes; este recorte impactará directamente en programas de subsidios, mantenimiento de infraestructura, expansión de cobertura y formación docente. Sin una inversión adecuada, la posibilidad de cerrar brechas y mejorar la calidad educativa se torna cada vez más difícil.
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Ante este panorama, ¿qué se puede esperar para el futuro? Tenemos una educación en cuidados intensivos y con grandes retos; entre las prioridades debe estar la implementación de estrategias para optimizar el uso de recursos, garantizar la continuidad de programas esenciales y fomentar la participación de los sectores privados en soluciones sostenibles. Además, es crucial que el gobierno priorice la educación como un eje fundamental para el desarrollo del país, estableciendo metas claras para mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. Sin lugar a duda, la educación debe volver a ocupar un lugar central en la agenda nacional, solo así se podrá garantizar un futuro más prometedor para las nuevas generaciones y, por ende, para el desarrollo integral y la competitividad del país.
