El problema secular del Chocó ha sido el abandono estatal en salud, educación, infraestructura, empleo productivo, justicia, servicios públicos. La aparición de grupos irregulares, relativamente reciente, empeoró aún más una situación que ya era grave.
De otro lado, la deforestación intensiva y una minería destructiva y contaminante constituyen una seria amenaza para la salud de sus habitantes y para un desarrollo sostenible.
Lo que para cualquier otro país sería un paraíso por su gente, su biodiversidad, su geografía, su cultura, sus recursos naturales, su gastronomía, no lo es para la institucionalidad pública y la privada. El Chocó, olvidado por Colombia y depredado por su propia dirigencia política, parece no existir sino para reclamar votos y enriquecer a algunos. Cuando algún gobierno apropia recursos para la región, camarillas corrompidas se encargan de impedir que lleguen a su destino. Y los que efectivamente llegan se esfuman en la sucia política local.
Ante esa realidad “la sociedad civil se vio en la necesidad de emprender la movilización social para denunciar la corrupción en todos los niveles y expresar la voz de protesta de un pueblo impaciente que ve amenazada sus existencia física, espiritual y cultural, sus modos de vida, sus identidades, su diversidad” como lo expresó la diócesis de Quibdó.
El Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, aguerrido, diverso, integrado por líderes comunales, sindicales, académicos, sociales, eclesiales, cabeza visible tanto del reciente como de paros anteriores, anunció su compromiso de luchar contra ese flagelo e impulsar “una campaña de transparencia en el manejo de los recursos públicos de todas las entidades nacionales, regionales y locales con asiento en el departamento”.
Ojala el Comité conserve su independencia y no sea cooptado por la política local como de hecho se quiso hacer durante el paro. Que además de los fundacionales, sus retos principales sean fomentar una cultura de legalidad y trabajar para dignificar el ejercicio de la actividad política.
Un documento de 32 páginas contiene los compromisos adquiridos para responder las demandas de la sociedad chocoana.
En materia de salud, el gobierno nacional estudiará la construcción de un hospital de tercer nivel en Quibdó y tres de segundo nivel en las subregiones de Darién, Pacífico y San Juan. Así mismo, entregará 37.000 millones de pesos para el saneamiento de la ESE Hospital San Francisco, cuya gestión será confiada a la Gobernación del Chocó, justamente el origen del problema. Esa decisión demanda la vigilancia de la comunidad para evitar la repetición de los malos manejos que condujeron a su liquidación. Los organismos de control no lo van a hacer porque están en manos de los mismos grupos políticos corruptos que deben controlar.
Otro compromiso fue aportar 720.000 millones de pesos para la conexión vial con el resto del país. El acuerdo relaciona vías internas, pero solo para su posible inclusión, previo los estudios respectivos, en la matriz de priorización que permite clasificar este tipo de obras según su importancia. De nuevo se hace necesaria la presencia vigilante de la sociedad civil para que estas promesas se hagan realidad. Se trata de proyectos como las vías Nuquí – Las Animas, Río Sucio – Belén de Bajirá, Unguía – Acandí, Nóvita – San Jose del Palmar, El Carmen de Atrato – Depresión la M, en límites con Urrao, entre otras, así como estudios de navegabilidad para los ríos Atrato, San Juan y Baudó.
También aceptó el gobierno surtir los trámites de ley para dirimir el diferendo limítrofe con Antioquia por Belén de Bajirá, cuyo verdadero fondo es la figura de propiedades colectivas amparadas por la Constitución Nacional para comunidades negras e indígenas.
Que la delimitación geográfica no sirva de excusa para formalizar el despojo de tierras a comunidades raizales con cultura e identidad propias y prácticas ancestrales de producción, ni para individualizar predios de usufructo colectivo. Que la tierra cumpla su función social al servicio de la mayor cantidad posible de familias es más importante que una disputa que tendrán que resolver las instancias pertinentes y cuya solución no puede estar justificada en la ausencia institucional del Chocó porque con idéntico criterio, ésta y otras regiones del país podrían reclamar su adhesión a otras soberanías.
Algo anda mal cuando en forma reiterada un pueblo pacífico se ve compelido a recurrir a paros y movilizaciones para que se le reconozca su lugar en la dignidad. La institucionalidad no puede reducirse a la presencia de una fuerza pública que en ocasiones no estuvo al servicio de quienes más la necesitaban.
