El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por deudas con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. La decisión judicial se da tras la falta de pago de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3, que la Nación adeuda desde el año pasado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló la orden a través de su cuenta en la red social X y aseguró que se trata de un hito legal tras múltiples intentos fallidos de diálogo con el Gobierno.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales”, expresó Gutiérrez, agregando que la administración nacional no ha pagado la totalidad de los subsidios ni ha respondido a sus solicitudes de conciliación. Además, mencionó que han presentado demandas adicionales por impagos relacionados con Afinia y el Metro de la 80. “No le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”, sentenció el alcalde.
El Gobierno Nacional responde
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión judicial afirmando que EPM actúa en contra del interés nacional y que su función es servir a la sociedad, no a intereses particulares. “Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicios públicos están en función del público, no de contratistas que se enriquecen con el dinero público”, declaró el mandatario.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuestionó el accionar del alcalde de Medellín y sostuvo que las cuentas de la Nación son inembargables, argumento que servirá como base para impugnar la decisión. “Si bien reconocemos que hay algunas deudas al sector, las filiales de EPM han recibido el 85 % de los pagos”, señaló Palma, agregando que Hacienda y su cartera han alcanzado un acuerdo de pagos según las capacidades fiscales del país. También denunció que algunos funcionarios de EPM han politizado el tema, advirtiendo que la oposición usa la situación para generar incertidumbre en el sector energético.
Orden de inspección a EPM
En medio de la controversia, el Ministerio de Minas y Energía ordenó una inspección a EPM y sus filiales. De acuerdo con el abogado Julián Solórzano Martínez, del bufete Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, dicha inspección no tiene incidencia sobre la orden de embargo, ya que esta última es una decisión judicial con posibilidad de apelación. “Las autoridades de inspección verificarán si EPM está cumpliendo con las normas del sector, pero eso no afecta la ejecución del embargo”, explicó el jurista.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó la inspección como un acto de intimidación por parte del Gobierno y una represalia política. “Lo que se ve aquí claramente es una venganza del presidente Petro. La inspección que le quieren hacer a EPM está amparada en una falsa motivación”, afirmó Gutiérrez. Asimismo, subrayó que la empresa es un modelo a nivel mundial y que no han dado motivos para una intervención. “Están actuando con odio y con abuso de poder”, agregó.
La resolución del caso dependerá de los recursos de impugnación que interponga el Ejecutivo y de la capacidad de conciliación entre las partes en disputa.
