“Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este código tiene por objeto: Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos…”.
Este mandato del artículo 2 del Código de Recursos Naturales parece no estar cumpliéndose a cabalidad por parte de los propietarios de varios predios localizados en la parte alta de El Poblado, sector Los Naranjos, en límites con la Vía Las Palmas: finca La Colina; finca La Palmera; urbanización La Palmera; La Josefita; Huasipungo; Aguas Vivas; Las Brisas; finca Assisi (La Escombrera), además del Colegio New School.
A la situación se suman la constructora Obra Negra, la Doble Calzada Las Palmas (Gobernación de Antioquia), y algunas dependencias y secretarías del Municipio de Medellín como Metro Río y el Dagrd, además de Corantioquia, las cuales debían cumplir funciones de control y seguimiento.
Desde 2008 residentes de la urbanización La Palmera, que colinda con los predios mencionados, están advirtiendo sobre las graves afectaciones al medio ambiente, a los recursos naturales y al patrimonio, ocasionados al parecer por las aguas que sin control circulan por los terrenos de cada uno de esos lotes.
En 2010, un estudio contratado por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín confirmaba el hecho: “Las principales causas de inestabilidad están asociadas al inadecuado manejo de aguas superficiales y subterráneas que sobre las quebradas del sector hacen los propietarios de los predios vecinos a la urbanización La Palmera y la concesión que opera la vía Doble Calzada a Las Palmas, lo que ha propiciado la pérdida del cauce de varias de las quebradas que transcurren por el sitio”.
Interviene la Procuraduría
En atención a la complejidad de la situación, la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia, en cabeza de Fanny Henríquez Gallo, intervino. Convocó a particulares y entidades públicas con el fin de conformar una mesa de trabajo y establecer un plan de acción para dejar consagradas las acciones y tareas que deberían cumplir los involucrados.
Recientemente, en respuesta a un derecho de petición enviado por Vivir en El Poblado a la Procuraduría Primera Agraria y Ambiental de Antioquia para conocer los hechos relacionados con el tema, este ente de control respondió: “… Con el fin de evitar una tragedia como la ocurrida en años pasados en la Urbanización Alto Verde, donde perecieron 38 personas… la Procuraduría Primera Agraria conformó mesa de trabajo con presencia de todos los implicados, particulares y entidades públicas (…). El plan de acción no se ejecutó por parte de las entidades públicas y los particulares, no obstante los requerimientos permanentes realizados…”.
En vista del incumplimiento frente al plan de acción, este ente de control interpuso en el 2012 ante los juzgados administrativos del círculo de Medellín, una acción popular que hoy cursa en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
¿Qué dice Planeación Municipal?
Contrario a las consideraciones de la Procuraduría, el Departamento Administrativo de Planeación, por intermedio del ingeniero geólogo Mario Flórez, quien ha estudiado cautelosamente la zona, asegura que el Municipio cumplió con lo estipulado en el plan de acción.
Además, manifiesta que en la tragedia de Alto Verde intervinieron tres factores, como son “la alta precipitación ocurrida la noche anterior y ese mismo día; una intervención de un talud de una ladera, un talud de 17 metros de altura con una pendiente exagerada y sin ninguna obra de contención; y mal manejo de un tanque con un rebose en toda la parte superior del talud”.
En relación con el problema hídrico del sector Los Naranjos, comenta: “Aquí son condiciones distintas; es sobre todo desorden hídrico. Si bien hay problemas de estabilidad, es difícil que se llegue a presentar un fenómeno súbito que afecte la vida humana… no toda la zona que se estudió tiene problemas graves, son problemas puntuales en algunos predios”. Para el ingeniero Flórez, los problemas más delicados son dos, uno de ellos en la entrada de la parcelación La Palmera. “Cuando se desarrolló la vía, allí se hizo un lleno sobre una zona bastante húmeda y frágil, y ese lleno se está corriendo. La vía tiene un hundimiento y un repecho, y el problema sigue, por eso para ese sitio específicamente se recomienda un estudio geotécnico de alto detalle”, dice. El otro punto de cuidado es uno de esos predios (La Colina) que limita con la urbanización Arezzo. “Ahí hay un deslizamiento que se está moviendo, pero en la parte de Arezzo existe una obra de contención; sin embargo, ese deslizamiento amerita que a ese terreno se le hagan trabajos de drenaje”.
Pese a que el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) monitorea la estabilidad de la zona con unos instrumentos llamados inclinómetros y a que Corantioquia asegura haber cumplido con los requerimientos de la Procuraduría, lo cierto es que cuesta abajo siguen corriendo aguas sin encauzamiento y sin control, y sin que los particulares y las entidades públicas involucradas adelanten todas las acciones consagradas en el plan de acción establecido para subsanar la afectación ambiental de este amplio sector de El Poblado.
La última palabra la tendrá el Tribunal Administrativo de Antioquia. Entre tanto, la acción popular deberá seguir su curso. Un asesor jurídico, amplio conocedor del tema, y quien pidió no ser identificado comenta: “Lo que todos esperamos es que se dé orden a todas las partes involucradas de arreglar la situación y adecuar los terrenos. Una acción popular no busca una indemnización de perjuicios, sino que cese la perturbación de los derechos, o la afectación al medio ambiente”.
