Su presencia en espacios públicos de El Poblado nos inquieta a los kapunías, la palabra en su lengua amerindia para blancos o mestizos. ¿Hay motivo de alarma? ¿Qué se puede hacer?
En algunos puntos muy concurridos de la Comuna 14, como en las inmediaciones al McDonald’s de Oviedo o frente a Río Sur, es ya cotidiano encontrar pequeños grupos de mujeres indígenas acompañadas de menores de edad, a la intemperie, sentados en el piso, ocupando aceras y otros espacios de uso público.
¿Qué hacen allí? ¿Es legal o ilegal esta situación? ¿Qué se debe hacer? Según la gerencia Étnica de Medellín, liderada por Farlin Perea Rentería, dichas personas harían parte de la comunidad embera katío, uno de los grupos en que se subdividen los emberas (también hay en la ciudad emberas chamíes, emberas dobidá y emberas eyabidá).
Tal parecer fue ratificado por el gobernador del Cabildo Embera de Medellín, Haverman Peña Caizamo, un embera dobidá. “Se trata de grupos ocasionales que vienen y van, que se instalan por un tiempo en Niquitao y de ahí salen a recorrer las calles del centro y de El Poblado, principalmente. Otros emberas llevamos años aquí y estamos trabajando o estudiando”.
Agregó Peña Caizamo que “ellos no están asentados en la ciudad ni hacen parte del censo de 123 familias y 503 emberas que reúne este cabildo, reconocido en junio de este año como tal por el Ministerio del Interior. Tenemos cinco familias embera katío en nuestro censo, pero ninguna se dedica a la mendicidad”.
Otro punto en el que coinciden el gobernador indígena y la Gerente Étnica es que puede ser muy ligero calificar de mendicidad lo que realizan estas mujeres y niños. “Casi todos ofrecen sus artesanías, sus collares, pulseras, aretes, en el espacio público. Hacen ventas, no piden limosna, aunque no puedo negar que algunos lo terminen haciendo también”, dijo Farlin Perea.
El gobernador embera fue más enfático añadiendo que “hacen como cualquier artista en la calle, venden su arte. Algunos bailan y les dan monedas por eso. No se puede decir que sea todo mendicidad, que es muy distinto”. De cualquier manera, aunque fuera pedir caridad lo que hicieran, no es ilegal utilizar el espacio público ni tampoco mendigar en él.
Derechos vulnerados
Otro aspecto a analizar frente a la presencia de personas de las comunidades indígenas en las calles, y que genera una causa justificada de alarma, es que dichas mujeres embera, mientras obtienen recursos en las calles, se hagan acompañar de niños que, por su edad, deberían estar en un hogar infantil o en un colegio, es decir, escolarizados. Vivir en El Poblado transmitió esta inquietud a Evelin Toro Ayus, directora encargada del ICBF Regional Antioquia, quien nos presentó otra faceta del mismo panorama.
“Si se presentan vulneraciones de derechos de niñas, niños o adolescentes, tales como desescolarización, trabajo infantil, violencia intrafamiliar, o no se encuentra afiliado a un sistema de seguridad social, es víctima de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes o a abuso sexual, ahí sí nosotros entramos a restablecer los derechos de este menor de edad, sea cual sea su raza, género u origen”.
Toro Ayus señaló, además, que, a corte de julio del presente año, su regional había adelantado 16 procesos administrativos de restablecimiento de derechos para menores de edad indígenas en general, no específicamente emberas katíos. El año pasado fueron 26 los casos atendidos por el ICBF en Antioquia con niños amerindios involucrados.
La regional del ICBF, junto a la gerencia Étnica de Medellín y otras entidades, como la secretaría de Educación y la unidad de Niñez de la secretaría de Inclusión Social, Familias y Derechos Humanos de la Alcaldía, se reúnen en mesas de trabajo para afrontar estas y otras problemáticas relacionadas con la población indígena censada en la ciudad, que se calcula en 6.118 personas agrupadas en ocho cabildos (Inga, Chibcariwak, Quillacingas-Pastos, Wayú, Nutabe, Embera, Zenú y Kichwa).
141
es la línea única nacional del ICBF para denunciar la vulneración de derechos de cualquier niño. También en el 123, Policía de Infancia y Adolescencia.
90 %
de los embera agrupados en su cabildo de Medellín son desplazados por la violencia en sus territorios de origen.
“Hacemos un trabajo constante de sensibilización, pero por ser personal flotante, sin asiento en la ciudad, además de gozar de autonomía legal, no podemos obligar a estas madres, que son superprotectoras, a que dejen sus hijos en una guardería o en un colegio de los que hemos dispuesto para ellos con enfoque diferencial. Sólo podemos convencerlas; más allá no se puede ni se debe”, puntualizó Farlin Perea, Gerente Étnica de Medellín.
