Accionistas y compradores establecieron contacto con un exalto funcionario de la Casa Blanca y tramitan demandas contra el Estado. El lote está en proceso de extinción de dominio.
Por: Daniel Palacio Tamayo / [email protected]
Los vientos que soplan desde el Oriente pasan por medio de la estructura abandonada de Meritage. Las columnas de las torres quedaron a la deriva en medio de un lote de 56 hectáreas después de que la Fiscalía emitiera en agosto de 2016 una orden de extinción al dominio sobre el predio, lo que derivó en la suspensión de la obra.
Elkin Escobar, uno de los compradores, fijó sus recursos en el proyecto inmobiliario porque vio la posibilidad de realizar un sueño: una vivienda con todas las comodidades, generosa en zonas verdes, a unos 30 minutos de Medellín y cerca del aeropuerto José María Córdova. La inversión no era menor a los 500 millones de pesos; para algunas propiedades se podía elevar hasta los 2.500 millones.
“Antes de comprar, hice el proceso, seguí todos los pasos que me pidieron y con los que estaba seguro” sostiene, refiriéndose a los certificados solicitados a la Fiscalía y a los estudios realizados por Corficolombiana, que para él constituían un respaldo suficiente sobre la procedencia del lote. Según esos documentos, ninguno de sus anteriores propietarios figuraba en la Lista Clinton.
Cuenta Escobar que hay quienes al ver el avance del proyecto, antes de su intervención judicial, decidieron vender sus propiedades para abonar a la cuenta de la fiducia; sin embargo, ante la situación presentada no se les puede devolver el dinero, ni tienen escrituras sobre su inmueble, por lo que han tenido que recurrir a pagar arriendo, con impacto en su calidad de vida. Aunque apenas inicia el proceso, las 171 familias compradoras dicen ya estar agotadas.
Meritage contra el Estado
Los accionistas del proyecto inmobiliario anunciaron que demandarán al Estado a través del foro de arbitraje del Banco Mundial (CIADI), donde ya fue puesta la notificación de intención de arbitraje. En principio hay 90 días para buscar una conciliación; si no se logra, entonces iniciaría el arbitraje que se podría extender por varios años.
Los abogados que se pondrán al frente de la defensa de los intereses de los afectados de Meritage incluyen a Pierre-Richard Prosper, un exalto funcionario de la Casa Blanca. Prosper afirmó, después de una reunión con las familias, que “estamos abiertos a todas las posibles soluciones que reparen los daños generados por las decisiones del Estado”.
Aunque los abogados de la constructora y promotora de la obra, Newport, aseguraron que hasta ahora no se han cuantificado las pérdidas, buscarán alcanzar un acuerdo que “deje a las familias y los compradores satisfechos y reparados”. Consideran que a los terceros compradores de buena fe los han afectado. “Si el Gobierno sigue aplicando la ley de esa manera, ninguna propiedad sería segura en Colombia”, afirmó Prosper.
Antecedentes
Según la Fiscalía, el lote donde se construía Meritage haría parte de un entramado de testaferros de la Oficina, que ocultaban que el bien fue conseguido mediante actividades ilícitas. De acuerdo con la versión ante el ente acusador de Iván López Vanegas, extraditado a Estados Unidos en 2003 por tráfico de cocaína, y absuelto en 2007, su hijo habría sido secuestrado en 2004 y obligado a firmar las escrituras del terreno a favor de miembros de la organización delincuencial.
Riesgo de lavado de activos
La Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero) encontró en la evaluación regional de riesgo de 2018 que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión “continúan siendo las actividades ilícitas que representan mayor amenaza para el país”. El estudio, realizado por medio de una encuesta a más de cinco mil oficiales de cumplimiento, revela que las actividades que se perciben con mayor vulnerabilidad al lavado de activos son las inmobiliarias, en un 50%; la explotación de minas y canteras, con un 43%; juegos de suerte y azar, en un 42%, y ganadería con un 40%.
