La base sobre la que partirá la oferta del canon de arrendamiento será de 25 millones de pesos. El evento se realizará el próximo 28 de octubre con la presencia de los interesados sin importar el objeto social que se le dé, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el contrato.
“Hay una reglamentación, uno de ellos es que no se puede demoler la infraestructura. Tiene unas ventajas: bien ubicado, amplias zonas verdes, zonas útiles, por ejemplo, para centros educativos, iglesias o alguna institución privada que quiera estar en El Poblado”, dijo Jorge Alzate, director de la Unidad de Víctimas en Antioquia.
Así mismo, el directivo señaló que la mansión de una hectárea de extensión tiene limitaciones en el uso del suelo y por hacer parte de una espacio protegido no se pueden levantar edificios u otras construcciones que afecten las especies que habitan sus amplias zonas verdes.
En principio, con el arrendatario se establecerá un contrato a un año, pero está abierto a prórrogas de acuerdo con las necesidades de las partes. Otra claridad que hizo Alzate es que este lote, avaluado aproximadamente en 30 mil millones de pesos, no está en venta por ser un bien que todavía hace parte de un proceso de extinción de dominio que finalmente terminará un magistrado de Justicia y Paz.
“Es un fondo que se tiene principalmente para indemnizar a las víctimas del conflicto armado, específicamente de las autodefensas, del bloque de Justicia y Paz. Es uno de los bienes más costosos en zona urbana. En Antioquia tenemos 344 bienes, alrededor de 200 ya están en proceso de administración y otros en proceso de subasta de arrendamiento”, agregó el funcionario.
Aunque el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, había mostrado interés en la propiedad para la oficina de la Gerencia para la Paz y la Universidad Digital, no se concretó el trámite y ahora se esperan nuevos oferentes, entre los que de acuerdo con Jorge Alzate están algunas iglesias cristianas y centros educativos.
En la actualidad, la manutención de la propiedad, que tuvo como último inquilino al canal de televisión pública Telemedellín, tiene un costo aproximado de 13 millones de pesos. No obstante, el interés en arrendar pronto el inmueble es la posibilidad de seguir reparando a las víctimas de la violencia mientras se llega a una venta definitiva que se podría dar al término de tres o cuatro años, cuando finalice el proceso de extinción.
