Solicitudes de audiencia de imputación de cargos en contra de siete exfuncionarios de la alcaldía de Medellín, y seis particulares, fueron anunciadas por el fiscal general Francisco Barbosa.
Según la cabeza del ente acusador, dichos implicados estarían involucrados en irregularidades en cuatro contratos de alimentación, infraestructura y asistencia logística.
Lea también: Cierres parciales en la avenida Regional, por obras de alcantarillado
En declaraciones desde el búnker de la Fiscalía en Medellín, Francisco Barbosa dijo que estos contratos superan en valor los $67.586 millones, y que el ente acusador cuenta con elementos que darían cuenta de “anomalías en el trámite y celebración”.
Los contratos en cuestión
El primer contrato
Se celebró en de octubre de 2020 para el manejo de las zonas verdes de la ciudad. Fue suscrito por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín con Metroparques por $5.250 millones.
Dijo el fiscal Barbosa: “Por este caso se imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, y a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez”.
Este será imputado porque Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato.
El segundo contrato
Se trata de un proceso de tres negocios jurídicos firmados para el mantenimiento y entrada en operación del Parque Metropolitano de las Aguas (Parque de las Aguas, ubicado en Barbosa, Antioquia).
En este caso se determinó que Metroparques subcontrató con tres empresas que fueron creadas entre 2019 y 2021, una de las cuales estaba dedicada a la comercialización de telas.
Se hallaron anomalías en tres contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, por un valor que llegó a $17.439 millones de pesos.
Lea: Medellín-Lima, nueva ruta de JetSMART
Por este contrato se imputarán los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a:
- Álvaro Alonso Villada García, representante del Área Metropolitana de Medellín.
- Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques.
- María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerente de Metroparques.
- Juan Alexander Pino Jaramillo, representante legal de una las empresas contratistas.
- Yamileth Galindez Chilito, representante legal de una las empresas contratistas.
- Fabio Miguel Mestre Espitia, representante legal de una las empresas contratistas.
El tercer contrato
Tiene que ver con un acuerdo firmado, en septiembre de 2020 por Metroparques, para garantizar el apoyo logístico para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín.
Por estos hechos serán imputados por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a:
- Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (Inder).
- Jorge Enrique Liévano Ospina, el exgerente de Metroparques.
- Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de la empresa contratante CYAN.
Según palabras del fiscal, este contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a $24.205 millones y se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022.
El cuarto contrato
También está el contrato de marzo de 2020 celebrado por la Secretaría de Educación de Medellín con la corporación Colombia Avanza, por un valor total de $20.692 millones, para la atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes del programa Buen Comienzo.
Por este contrato se imputará el delito de peculado por apropiación a:
- Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín.
- Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica de programa Buen Comienzo.
- Henry Paulison Gómez Montoya, contratista.
Según Barbosa, por este contrato se identificaron pagos a personas que no tenían relación con el contrato y, aún así, figuraban en los documentos como si hubieran prestado servicios. “En realidad nunca los cumplieron. Esto generó un posible detrimento por valor de $1.400 millones”, dijo el fiscal.
