Llegan acciones adicionales para aumentar la seguridad en Oriente

Mientras sucede esta conversación, Luis Eduardo Martínez Guzmán, brigadier general en retiro y Secretario de Seguridad de Antioquia, hace una pausa sobre los reportes y avisos que le llegan desde puntos distintos del departamento de Antioquia.

A esta hora, hay bloqueos como parte del llamado, por algunos, Paro Nacional. Hoy, está en su oficina de La Alpujarra, en la Gobernación de Antioquia. En las horas siguientes llegará hasta los municipios, porque dice estar convencido de “la presencia en los territorios”. Llegó a esta secretaría después de pasar por otras posiciones que le permitieron ganar experiencia y conocimiento amplio sobre Medellín, los municipios cercanos y otras regiones de Antioquia.

Actualmente trabaja de forma permanente junto a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los mandatarios locales, para lograr que los delitos disminuyan.

6,3 % disminuyeron los homicidios en Antioquia en lo que va corrido del 2024 y con relación a ese mismo período del 2023, según la Gobernación de Antioquia. 

Explica que aunque las cifras de homicidios, así como el delito en general, han bajado en los últimos meses, “es importante que haya una percepción de seguridad en las personas, para que puedan actuar con tranquilidad, en regiones como Oriente. Lograrlo requiere inteligencia, trabajo en equipo y efectividad”.

Para agilizar los procesos, cuenta que se crearon las llamadas Gerencias Contra el Delito que buscan crear acciones conjuntas entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación con el propósito de “contrarrestar homicidios, combatir las rentas y estructuras criminales”, entre otros delitos.

“Es importante que trabajemos de forma coordinada y que las personas reciban una respuesta ágil y oportuna.Con esta intención surgen estas gerencias y esperamos que puedan aportar estrategias distintas, soluciones y la oportunidad de que el proceso de denuncia sea ágil. Para lograrlo, nos estamos reuniendo con regularidad y revisando cómo articular aspectos vitales como la educación y la prevención”.

328 % aumentó la desaparición forzada en Oriente, en los últimos 4 años, según la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente.

Sobre este punto agrega: “Aunque trabajamos para que las personas tengan acceso a la justicia y una respuesta rápida por parte de las autoridades, nos interesa mucho la prevención y la educación. La idea no es llegar a un lugar cuando ya ocurrió un hecho irreversible. Nos interesa evitar que el delito y el dolor ocurran”.

Visibilidad y EMPÁS

Una de las estrategias que esta secretaría ha llevado a cabo en los últimos meses ha sido publicar las fotografías de los responsables de los delitos, para que sean encontrados y sea más fácil detener sus acciones. “Al principio nos decían que era imposible, que había muchas dificultades para esto. Decidimos continuar, porque una vez hay un rostro y una identidad, aumentan las posibilidades de que estas personas respondan por sus actos y se detengan. Actualmente tenemos varias vallas con imágenes de delincuentes y ya hemos visto resultados”.

731 homicidios hubo en Oriente entre el 2020 y el 2023, según la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente. 

Sobre el tema específico de la seguridad en la región del Oriente antioqueño, afirma que además de tener estas estas vallas (ya existen en lugares como Las Palmas), aquí ya opera el primer Escuadrón Militar y Policial Antioquia Segura – EMPÁS – que llega hasta municipios como Nariño, Sonsón y La Unión. 

Está integrado por policías y soldados que recorren las zonas rurales. “El propósito es tener presencia en todos los lugares y que las personas en localidades más alejadas sientan el respaldo de las autoridades”. Como este, se crearán otros escuadrones en más regiones del departamento.

“Falta apoyo del Gobierno”

Respecto a hechos como la presencia del Clan del Golfo en las regiones de Antioquia y a la operación de otras “estructuras criminales”, dice que el trabajo es más difícil en estos momentos, sin el apoyo necesario del Gobierno Nacional. 

Un ejemplo de esto, menciona, fue la detención de disidentes de las FARC que se movilizaban en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en una carretera entre Anorí y Medellín, el pasado 23 de julio. “Después del esfuerzo de nuestras autoridades por capturarlos, y después de la insistencia del gobernador (Andrés Julián Rendón) para llegar a la verdad de los hechos, nos enteramos que las personas capturadas fueron nombradas gestores de paz por el Gobierno. 

La experiencia nos ha mostrado que una persona que comete un delito no se transforma, para bien, de un día para otro. Situaciones como esta dificultan más la tarea de todas las personas que trabajamos para garantizar la seguridad de las personas, en Antioquia”, dice. 

La difícil situación de los desaparecidos 

Cuando se le pregunta por casos de personas desaparecidas, como el del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, guarda silencio unos minutos y expresa tristeza ante la que considera “una situación muy difícil por la falta de información”.

Explica que, cada semana, habla con las autoridades, pide pistas y averigua en qué van los procesos. “También tenemos el caso de la joven Valentina Posada, en Andes, y de Elcy Carupia, en Dabeiba. Hemos hablado con muchas personas para obtener información sobre los responsables de su desaparición y poder encontrarlas, pero aún no lo logramos. Incluso tenemos personas sospechosas que han sido detenidas y están vinculadas a algunos casos, pero no han hablado. Estamos aplicando protocolos de acción y haciendo todo lo que está a nuestra alcance para poder dar noticias pronto; acabar con la incertidumbre que este delito horrible produce a sus familias”.