Hostigante, insoportable, desagradable, así como sabe un tinto potente como el Cabernet Sauvignon cuando se sirve a 28 grados centígrados, es el que les sirvo a los legisladores, como antihomenaje, por haber encontrado en el vino una vía para reforzar las arcas públicas del país.
La plata saldrá de importadores, vendedores y consumidores, y habrá que esperar en cuál magnitud las partes involucradas se sostienen en un renglón que perderá atractivo. Según cifras de la firma Dislicores, el impuesto crecerá un 200 por ciento y el consumidor asumirá un 35 por ciento, por efecto de la reforma fiscal alentada por el Ministerio de Industria y Comercio.
No están mal el cobro de impuestos y el desarrollo del país mediante la contribución por parte de ciudadanos y empresas ¿Cómo más? Lo malo en este caso se expresa en dos sentidos: uno, en maquillar el vino cual si fuera un destilado, tipo ron o whisky; dos, en que la plata que le hace falta al país no está en los bolsillos de importadores, vendedores y consumidores.
Vamos en orden. Cuando escuché el argumento aquel de que “un fermentado no puede ser tratado como un destilado”, no logré encontrar más que oscuridades que solo ven claras los importadores. Sin embargo, mejor explicado, hay más que una diferencia de palabras. Unas buenas copas de Carmenere, unos brindis con Viura, derivan en comer más rico, conversar mejor, tener un final de noche ordenado, amable, cuerdo, en pie. “El vino es comida” me dijo el catalán Jaume Altisent. “De los destilados vienen tragos con mayor alcohol, con lo que eso representa en violencia en las casas y en las calles”, le escuché al chef Federico Trujillo.
Y segundo: lo que me molesta de esta reforma del Gobierno, que avanza firme en aprobaciones en el Congreso, y que estará en uso en enero del año entrante, de forma que su hábito de comprar botellas, en tiendas, de 30 mil pesos se transformará en un pago de 40.500 pesos, es que están volviendo a buscar la plata en los contribuyentes, plata que el Gobierno mismo perdió, dejó perder o no supo cuidar.
El hueco fiscal de 31 billones de pesos es un reto para el país, pero sobre todo una bofetada al contribuyente. Basta citar el informe de la Sociedad Colombiana de Economistas: entre 1991 y 2010 la corrupción nos costó a todos, menos a los que nos ultrajaron, 189 billones de pesos.
Hacia 2012 se señalaban 2 billones de pesos más, de los recursos públicos, en riesgo y no se olviden de estos casos horripilantes de “desvíos” o de “utilización indebida”: Caprecom, 559.500 millones de pesos; pagos a IPS no habilitadas, 943.900 millones; o la joyita de Saludcoop, 1,7 billones.
Ahí estaba la plata, pero una forma de tapar el hueco será volviendo a cobrar y, de paso, afectando un buen hábito que ha venido desarrollando Colombia en la gastronomía.
Va mi brindis, de los malos, para ustedes, legisladores.
