Las empresas se suelen plantear metas grandes y ambiciosas, megas. Por supuesto su formulación debe partir de un claro entendimiento del rol que desempeña cada entidad. El objetivo de una empresa pública es generar calidad de vida. EPM existe para satisfacer necesidades de la comunidad en materia de los servicios públicos nucleares de su objeto social.
Ese norte se extravió en EPM durante la pasada administración. Es menester retomar el rumbo. La política de gestionarla con la óptica de maximización de utilidades puede convertir a EPM en un instrumento recaudador de impuestos, vía tarifas, para los gobernantes de turno. Con riesgos tan graves como utilizar sus recursos para programas como EPM sin fronteras, que involucró a la entidad en inversiones de muy dudosos resultados en Chile y otros países, cuando en su patio trasero había ciudadanos sin la cobertura de los servicios de la entidad de la cual son dueños. O proyectos de tan poca prioridad como Parques del Río, más importantes para la imagen del mandatario que para la comunidad. Megainversiones innecesarias, para decirlo en la forma más benévola posible.
O como el megadisparate cometido con UNE. Se entregó a Millicom la mitad de la empresa a cambio de 150 millones de dólares de prima de control. Hoy EPM es dueña del 50% más una acción de una empresa que otro gestiona, controla y maneja a su amaño. Según declaraciones del máximo directivo de Millicom, la multinacional estaría dispuesta a estudiar la posible compra de la ETB. Un negocio de esa magnitud probablemente requeriría capitalización y EPM como socia estaría obligada a concurrir a esa capitalización, so pena de diluir su participación accionaria.
Otra meta de la pasada administración era convertir a EPM en una empresa multilatina muy importante, con un discurso que hablaba de lo social como lavatorio de conciencia pero que en realidad privilegiaba la óptica rentística. Los que no reciben o no pueden pagar los servicios deben estar felices por ser dueños de una empresa que no los atiende, pero que es muy importante.
Esa combinación de negocios faraónicos y un norte empresarial extraviado, condujeron a una mega más preocupante: la deuda de EPM, que creció de manera preocupante durante la pasada administración. La prudencia, pero también el endeudamiento a tope obligan a reformular la política de inversiones de tal manera que consulte prioritariamente las necesidades de la comunidad.
Una ciudad para mostrar y no para vivir parece haber sido el lema de ese desorden genético introducido a la fuerza en EPM, a través de una megaestructura organizacional disfuncional, con demasiados niveles jerárquicos y mucha distancia entre la alta dirección y el personal administrativo y operativo. Solo la calidad del recurso humano ha evitado que la empresa colapse ante semejante entramado organizacional. Una estructura más sencilla facilitaría la gestión de EPM y tendría repercusión inmediata y directa en la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios que espera la ciudadanía.
Por último, el estatuto contractual de EPM adoptado por la pasada administración parece concebido para ofrecer discrecionalidad en asuntos diferentes a los propios del objeto social y facilitar la excepcionalidad para realizar negocios ajenos al interés misional de la entidad. Permite al Gerente General delegar la facultad de recurrir a la modalidad de solicitud única de oferta en casos en que la competencia, circunstancias especiales de oportunidad de mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocios la hagan necesaria. Para decirlo en términos coloquiales, por semejante atajo se podría contratar a dedo, a través de terceros en que EPM participa pero no controla, absolutamente cualquier extravagancia. Proyectos inmobiliarios desde una empresa con sede en Panamá por ejemplo.
Si se combina esta posibilidad con un proyecto de ley que cursa en el Congreso cuyo propósito es ampliar el objeto social de las empresas del estado para que puedan incursionar en cualquier negocio lícito, las consecuencias podrían ser fatales para EPM. Mientras sea su cultura la que impere en la organización, se puede confiar en el buen uso que se hará de las facultades que concede el estatuto. No obstante, se corre el riesgo que por ese portillo se cuelen intereses extraempresariales. Hay que precaver el riesgo de debilitar a EPM involucrándola en objetivos que desborden su labor misional, comprometan su futuro o hagan necesaria la búsqueda de socios para poder responder a negocios en lo que no tendría que haber participado.
En buena hora la actual administración municipal ha expresado la necesidad de formular sendas megas social y ambiental, con el mismo peso y énfasis que la financiera, así como replantear la política de inversiones, mejorar el contacto con la comunidad, el cubrimiento del servicio de acueducto y alcantarillado y la relación con el resto del departamento.
