Una nueva modalidad de “crónica roja”: los medios de comunicación anuncian el sentido de un fallo judicial sin haber siquiera construido la sentencia. Esta es la reflexión que comparte con Vivir en El Poblado el abogado Juan Diego Vélez Maya: “Una indagación preliminar no es más que eso, y no debería trascender las paredes del despacho que la promueve”.
Desde que me conozco tengo noticias sobre la llamada “crónica roja”. Los diarios de antes solían dedicar algunas de sus páginas a la información relacionada con hechos delictivos ocurridos el día anterior, sin dejar de realizar su presentación de una forma que resultaba patética: teatro y divertimento para la tribuna. Programas de radio dedicaban una emisión diaria a reconstruir un caso que hubiera resultado atractivo para todos aquellos que querían morbosamente saber si el homicidio era mediado por una historia prohibida que involucra a personas conocidas en el barrio, a algún nombre importante que pudiera ser puesto en entredicho, o incluyera conductas que en el parloteo diario resultaban reprochables para la mayoría de los ciudadanos. Los actos delictivos no eran tantos como los que hoy se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional, y la estructura de la investigación y el juzgamiento no era un asunto de interés público. El papel de los hoy llamados operadores jurídicos pasaba a un segundo plano. Importaba la historia y, en esta, los jueces no resultaban relevantes.
No tengo claridad de cuándo esta situación cambió; o, si por el contrario, la misma se conserva en algunos medios denominados “amarillistas”, dando lugar al surgimiento de un nuevo elemento en el lenguajear de la sociedad frente a la delincuencia. Me inclinaría por considerar la segunda, no porque el morbo frente al delito hubiese dejado de ser un elemento propio de esta sociedad, más, cuando ante cualquier problema que se presenta, la gran mayoría propone entregárselo al derecho penal para que lo resuelva; sino porque, cada día, de manera creciente, las disputas por el poder local, el micro poder, se tratan de zanjar en los estrados judiciales, donde jueces y fiscales se prestan para resolver los problemas que hay en las “fronteras invisibles” de quienes aspiran al control de la cosa pública.
Ya no existe una sección de “crónica roja” en periódicos y noticieros. Hoy los diarios escritos, así como los noticieros radiales y televisivos son principalmente una gran sección de crónica roja, con dos débiles acompañantes, referidos a la pobre farándula local y a algunos pedalazos afortunados en Europa. Hoy, antes que el delito, es noticia la tentativa del delito; la denuncia temeraria que presenta alguien, que con argucias lingüísticas trata de burlar el tipo penal de la injuria y la calumnia; pero, lo más grave, y esto sí es nuevo, hoy la noticia la constituye el pronunciamiento de un ente investigador que anuncia la apertura de una indagación preliminar contra alguien, o el boletín de prensa que produce un alto tribunal sobre el sentido de la decisión en un determinado caso.
Qué fabuloso servicio se les presta a los más perversos intereses con una de estas dos formas de intervenir en el devenir del poder. Una indagación preliminar no es más que eso, y no debería trascender las paredes del despacho que la promueve –“El proceso penal castiga desde que comienza”, decía un jurista italiano–. En materia penal las conductas punibles deben ser juzgadas y falladas por un juez, y ni siquiera en los casos de flagrancia, antes de que el juez se pronuncie, puede predicarse responsabilidad alguna de la persona a quien se le investiga.
El segundo comportamiento, igualmente aberrante, es propio no de jueces promiscuos que reclaman el reconocimiento de su ignorada investidura, sino de magistrados de las más altas cortes, quienes, prevalidos de su gran poder, consideran que las decisiones que adoptan son tan importantes y certeras, que no requieren de la estructura propia de una sentencia bien argumentada en la que se valoran pruebas y se construye una sólida verdad procesal. Anunciar el sentido de un fallo sin haber siquiera construido la sentencia, no es otra cosa que condenar a alguien, a quien se le impone una sanción sin dar claridad de los fundamentos que la soportan, y por lo mismo, sin dejar abierta la puerta de la impugnación, poniendo en la frente un titular de prensa que ya nunca va a ser rebatido y por el que nadie tendrá que responder.
Así es muy fácil “administrar justicia”; pero, sobre todo, poner esta, la justicia, al servicio de las causas más despreciables.
Por: Juan Diego Vélez Maya
