La dosis mínima

La decisión no ha dejado de generar polémica, en cuanto a que para algunos afecta las libertades individuales de los ciudadanos y constituye un gran retroceso institucional. Más aun cuando en algunos países como Méjico y Portugal recientemente se han adoptado medidas orientadas a flexibilizar las restricciones al consumo de estupefacientes. Sin embargo, considero que los alcances de la decisión adoptada por el Congreso de Colombia no han podido ser entendidos en su verdadera dimensión, ya que gran parte de la información presentada por los medios de comunicación del país, ha tenido un alto contenido de subjetividad generando mucha confusión en la ciudadanía.
En primer lugar, se pretende con ésta medida establecer la posibilidad de contrarrestar el crecimiento del microtráfico de narcóticos que se disparó después de la decisión de la Corte Constitucional antes mencionada, en cuanto a que los expendedores de estupefacientes, conocidos también como jíbaros, se han escudado en la posibilidad de portar la dosis mínima de drogas para comercializarlas en los colegios, universidades, discotecas, etc, dejando a la autoridad sin posibilidad de controlar este microtráfico.
Existía soporte constitucional para expedir normas que controlaran el consumo de cigarrillos y alcohol, más no la posibilidad de prohibir el consumo de drogas, ni siquiera en lugares públicos. Esta decisión no implica que quien consume o porta sustancias ilícitas vaya a ser conducido a la cárcel ni tampoco que si la persona la consume en algún lugar no público, pueda hacerlo.
En segundo lugar, se establece la obligación para el estado de hacer campañas de prevención al consumo de estupefacientes. Algo que hace mucha falta, pues hoy en día vemos más campañas orientadas a frenar el consumo de cigarrillos y de alcohol entre los jóvenes, así como de la lucha contra el SIDA, que campañas en los medios de comunicación que adviertan a nuestros jóvenes con respecto al consumo de drogas, como aquel comercial del Banco Cafetero en el cual un joven que consumía droga transformaba su rostro, que tanto impactó a mi generación.
Y en tercer lugar, el Estado estará obligado a atender a las personas con adicción al consumo de las drogas. Hoy en día un tratamiento de rehabilitación puede costar cerca de 8 millones de pesos, atendiendo a que sólo 3 de 10 adictos logran recuperarse. Próximamente el Gobierno Nacional expedirá un decreto en el cual incluirá como parte del POS (Plan Obligatorio de Salud) los tratamientos de rehabilitación para drogadictos, lo que significa que el costo de los programas serán atendidos por la EPS o el SISBEN, según se esté afiliado.
En conclusión, la decisión de reformar la Constitución Nacional en este aspecto no dejará de ser polémica, pero el objetivo fue y debe ser erradicar a toda costa las drogas de las calles y alejar de ella a nuestros niños y jóvenes no sólo con represión, sino, como debe ser, con un política pública de prevención al consumo de estupefacientes.