La ciudadanía se pronunció en la consulta anticorrupción y luego olvidó el tema. Pero se siguen presentando casos que desangran los intereses comunes. Iniciativas para una transformación profunda.
Por Daniel Palacio Tamayo / [email protected]
Colombia ocupa el puesto 96 de 180 países en el escalafón de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional. De acuerdo con ese estudio, el país obtuvo resultados muy parecidos a los de la región, en un escenario que se compone de hechos que indican que 61 de cada 100 consultados cree que el nivel de corrupción en el país ha aumentado y que el 30 por ciento manifieste que ha tenido que pagar un soborno alguna vez en su vida.
Aunque la percepción no necesariamente es equivalente al nivel real de corrupción, expertos señalan, como lo evidencian estudios recientes de Fedesarrollo en países con un nivel similar de desarrollo, que “parece tender a crecer más aquel donde se percibe una mayor transparencia y un mayor control a la corrupción”. En el mismo sentido, está demostrado que en altos niveles de percepción de corrupción se desincentivan la denuncia y la sanción social frente a este tipo de comportamientos.
Rubén Fernández, director del Centro de Fe y Culturas, considera que la sociedad atraviesa una profunda crisis espiritual. “No se sabe para qué está vivo y para qué su existencia, si lo máximo y lo único es conseguir plata, entonces se da la licencia para robar a la gente o al erario público y no para servir”.
Entre los mayores retos que señala Fernández se encuentra fortalecer la sanción social al corrupto en todos los niveles y esferas. A su consideración hay sectores de esta sociedad que han terminado aplaudiendo a quien se roba la plata o a quien se pasa de “avivato” más allá del funcionario que busca llevarse dinero público al bolsillo.
Poner el foco en la academia
Nathalia Franco, directora del centro de Integridad de la universidad Eafit, considera que “no se puede bajar la guardia en cuanto a la comprensión del fenómeno en lo cultural y lo social, pues en Colombia está muy arraigado tras décadas de no cumplimiento de normas”, por eso cree que la academia puede ayudar a profundizar en su comprensión, pues enfatiza que una ley, una campaña o una intervención puntual en lo social, moral o legal no transforma. “Pensar que la corrupción se acaba con leyes es muy pretensiones, pero pensar que sin la ley se acaba es una ingenuidad”, indica Franco.
Bancolombia firmó recientemente un contrato con la Escuela de Gobierno y Ética de la Universidad Javeriana con el fin de crear un marco institucional para temas de transparencia, cumplimiento normativo y valores, que sirva como escenario de formación impulsado desde la academia y el sector privado. El propósito es “implementar y tomar las acciones necesarias para fortalecer la cultura anticorrupción en el país”, dijo el padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana el día del lanzamiento del convenio. El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, agregó que con ese marco institucional se pretende que “líderes y servidores públicos ejerzan un buen gobierno y administración pública en pro del bienestar de los ciudadanos en Colombia y la región”.
Por su parte, Fernández añade que “la formación ética hay que abordarla explícitamente, no es suficiente decir que se predica con el ejemplo, debe ser materia del proceso formativo, independiente de la forma que tome, es algo en lo que se ha venido fallando”.
Apoyo de la sociedad civil
Desde centros de pensamiento como Fedesarrollo se cree que la mirada sobre la corrupción debe trascender lo normativo y adoptar un enfoque integral que “considere la efectividad o debilidad de los instrumentos disuasorios (penas efectivas y rendición de cuentas), como los elementos estructurales que aumentan o reducen las oportunidades de captura”, señalan Guillermo Perry y Víctor Saavedra en una investigación. Adicionalmente, se recomienda establecer una misión anticorrupción “con peso político y apoyo de la sociedad civil”.
Franco, del Centro de Integridad, concluye en que la solución no radica en los otros “la corrupción empieza desde arriba, pero también desde abajo y acá hay muchos ciudadanos que creen que la ley se puede comprar”. Por eso sectores académicos, privados y sociales abogan porque el hastío con la corrupción manifestado en las urnas no se desvanezca y se exprese en el rechazo ante casos denunciados por las mismas autoridades, como el presentado en la Secretaría de Movilidad de Bello, que fue calificada por el mismo fiscal seccional Raúl González Flechas como “la más descarada de todas”, pero también llaman a una actuación ética de cada ciudadano.
