La reforma tributaria que anuncia el gobierno del presidente Iván Duque, la tercera durante su mandato, tiene cifras que dan cuenta de su profunda inequidad. El abogado Juan Diego Vélez Maya comparte con Vivir en El Poblado sus reflexiones sobre este tema.
Muchos hablan de los desafueros de la “ilegalidad”; pero quién, en la misma mesa, con el mismo tono, y con el ánimo de abrir una conversación inteligente, ¿habla de los desafueros de la “legalidad”?
La reforma tributaria que anuncia el gobierno de turno, la tercera durante su mandato, tiene dos cifras que dan cuenta de su profunda inequidad. De acuerdo con el diario La República, del recaudo esperado, que asciende a 25.4 billones de pesos, 10.5 billones corresponden a IVA, 16.8 billones corresponden a personas naturales y 3 billones a personas jurídicas. Esto es, mientras las personas naturales asumen el 46.8 % de las expectativas de recaudo que tiene el gobierno nacional, las personas jurídicas solamente contribuirían con un 11.8%. Ahora bien, por si lo anterior no fuera suficiente, a quienes corresponde el 46.8% de la responsabilidad sobre los nuevos ingresos, se les gravan muchos productos de su canasta familiar, con lo que, buena parte del otro gran componente de la reforma, correspondiente al mayor recaudo por IVA, que equivale a 41.3%, también recae sobre ellas.
Comparadas estas cifras, la pregunta de fondo no podría ser otra: ¿en qué funda el Gobierno Nacional esta inequidad? El discurso, ya conocido de tiempo atrás, antes que ofrecer respuestas satisfactorias, genera un alto grado de irritación: “Se trata de proteger a la industria y, con esta, el empleo”. No existen cifras ciertas de la cantidad de empleos que se generan con cada una de las reformas tributarias que impone el gobierno –¿qué empleos se generan en la banca, en el sector servicios y, sobre todo, en el sector real de la economía, este último sumido en la depresión por la falta de consumo?–; ni mucho menos, cifras ciertas sobre una posible repartición del ingreso y, con este, el achatamiento de la curva de desigualdad que vive el país. Por el contrario, sí están claras, y a la vista de todo el mundo, las utilidades que reportan los grandes grupos económicos que se ven favorecidas con estas reformas, que, sin vergüenza alguna, impulsa el ministro de Hacienda, que cumple la orden socarrona de un presidente que quiere pegar el raponazo y esconder la mano.
¿Qué grado de cinismo tiene que tener un gobernante que pretende justificar la reforma tributaria en frases como “… el país no debería centrarse en una discusión en torno a una reforma tributaria, porque lo se requiere es una reforma social, solidaria y sostenible”? ¿Cómo entender este juego de palabras que solo responde a la famosa estafa callejera de “dónde está la bolita”? O, con una afirmación tan mentirosa, por lo etérea, de que la reforma tributaria no gravará “…alimentos básicos como la carne, el pollo, los huevos y la leche”, sin que sepamos muy bien para quienes la carne es aún una opción alimenticia.
Gravar a personas naturales que ganen más de cuatro millones de pesos, esto es, un poco más de cuatro salarios mínimos –o “megapensiones” de siete millones de pesos, que con el descuento de salud equivalen a menos de seis salarios mínimos, y cuyos “beneficiarios” ya pagaron impuestos durante largos años de su construcción–, dejando por fuera de una participación real en el cubrimiento de “…los gastos y el endeudamiento generados para atender la pandemia …” a la gran industria y a los grandes conglomerados económicos, es cachetear duramente a quienes con esfuerzo tratan de mantener la poca serenidad que les queda.
Si el gobierno quiere ser equitativo, si está exento de retribuir importantes apoyos económicos, ¿por qué no deja de pagar favores al gran capital y grava por igual a las personas naturales y jurídicas para que, cada una, en su real capacidad económica, asuma la participación que en justicia le corresponde?
Por: Juan Diego Vélez Maya
