Por Catalina Peláez
Hoy en la ciudad subsisten 215 indígenas desplazados, pertenecientes a 43 familias, entre los que se cuentan 106 niños entre los cero y los 12 años. Un ejercicio de observación por la avenida de El Poblado desde Oviedo, hasta La Presidenta, da cuenta del fenómeno. Desde antes de las ocho de la mañana es posible ver a mujeres indígenas y sus hijos, sentados en las aceras pidiendo limosna o a grupos de niñas que no superan los 14 años, al pie de un semáforo esperando una moneda.
Pese a que a comienzos del año la Alcaldía de Medellín y el ICBF Regional Antioquia determinaron instalar una mesa técnica para la atención a la población indígena en alto riesgo de vulnerabilidad y víctima del desplazamiento y del conflicto armado, hoy “no se cuenta con un protocolo de atención para realizar operativos con la población indígena en situación de mendicidad” y “no se ha identificado una ruta efectiva de emergencia para la atención a la población indígena”, tal como lo asegura un documento de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Tampoco, está definida la jurisprudencia que aplica para esta población, no se tiene claro en el caso de los operativos, si debe operar la justicia ordinaria o la justicia tradicional indígena.
Eduardo Peña, funcionario de la Dirección de Etnias, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín dice: “En diciembre de 2014 las autoridades dijeron que había que recoger a los niños indígenas que estaban en las calles con sus madres. A la hora de quitárselos, los funcionarios de Bienestar Familiar dijeron no tener traductores para explicarles a ellas por qué debían llevarse a sus hijos; la Policía de Infancia y adolescencia tampoco contó con ese recurso”. Esa situación permitió evidenciar las carencias de la Alcaldía, con respecto a la intervención de cara a la población indígena que ejerce la mendicidad en la ciudad.
Último recurso: el policivo
El proyecto Crecer con Dignidad, de la Unidad de Niñez de la Secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, creó la Unidad Móvil Especializada en Población Indígena que cuenta con un equipo interdisciplinario, formado en las áreas de trabajo social, Antropología, además de una educadora Social, y una traductora indígena. “El trabajo tiene un enfoque étnico y diferencial. Constantemente hacemos recorridos y cuando abordamos a la madre lo primero que hacemos es acercarnos a ella a través de la traductora. En la ruta o protocolo de intervención que estamos construyendo, lo último que haremos será la intervención policiva”, dice Eduardo Peña.
Lo mismo no opina Luis Fernando Yauritoma, gobernador y líder del Cabildo Indígena Chibcariwak en Medellín, y que agrupa al mayor número de indígenas. “El enfoque sí debería ser policivo. Una autoridad local dijo que a los niños indígenas sus madres les están dando un medicamento para dormirlos, de manera que ellas puedan ejercer la mendicidad sin mayores riesgos para ellos. O tomamos esto por donde debe ser o si es que nos da miedo entonces no digamos nada”.
El documento de la Secretaría de Inclusión Social y Familia también dice que, la Policía de Infancia y Adolescencia asegura que la población indígena ya conoce la patrulla móvil de la Policía y cuando la ven venir salen corriendo lo que genera riesgos para los niños y niñas.
Viven en Niquitao, en habitaciones de 10 metros cuadrados, donde pueden instalarse hasta 20 personas
“Yo no entiendo porqué no interviene el Estado”
Las autoridades municipales han identificado que las mujeres indígenas que ejercen la mendicidad en las aceras de la avenida de El Poblado pertenecen al pueblo de los Embera Katío, localizado en una región limítrofe entre Chocó y Risaralda llamada Alto Andágueda. Estas mujeres y sus hijos, que por lo regular abandonan sus territorios a causa del conflicto armado, viven en Medellín en algunos inquilinatos en Niquitao.
“Allí las condiciones de salubridad son inadecuadas. Son espacios reducidos que obligan al hacinamiento. En una habitación de 10 metros cuadrados pueden instalarse hasta 20 personas”, asegura la Secretaría de Inclusión Social y Familia. “Yo no entiendo porqué no interviene el Estado; los indígenas y sus hijos, que viven en esos inquilinatos pueden perder su identidad cultural y corren el riesgo de involucrase en la ilegalidad, o convertirse en víctimas de la drogadicción o la explotación sexual”, dice Eduardo Peña, de la Dirección de Etnias.
Mauricio Hoyos, historiador y experto en derechos humanos en las comunidades indígenas del país dice: “Cuando una familia es expulsada de su territorio hay un primer ejercicio de vulneración de sus derechos. Hoy, según el Ministerio del Interior, hay 18 pueblos indígenas en vía de extinción, pero según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), son 35”. En relación con las madres y sus hijos en condición de mendicidad, dice que “en la conformación de las comunidades Emberas, las mujeres y los niños son considerados menores de edad, entonces eso los hace doblemente vulnerables. Ellos no se conciben ni por fuera de la comunidad ni por fuera de la familia, por eso esas madres siempre están con sus hijos”.
