La Contraloría General de la Nación imputó este jueves 3 de diciembre cargos a 19 personas y tres consorcios y contratistas del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por un presunto detrimento patrimonial de 4,1 billones de pesos, derivado del proceso de contratación y ejecución del proyecto Hidroituango: 1.1 billones como lucro cesante, y 2.9 billones de pesos por los sobrecostos que ha tenido la obra.
Entre los imputados están personas naturales y jurídicas: dos exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada y Esteban Calle; los exalcaldes de Medellín Aníbal Gaviria y Alonso Salazar Jaramillo; y los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, así como las firmas responsables del proyecto.
En la rueda de prensa en la que la Contraloría General anunció su decisión, el Vicecontralor General encargado, Julián Mauricio Ruíz, explicó la razón por la cual se han imputado a los exalcaldes de Medellín y los exgobernadores de Antioquia: “En calidad de alcaldes y gobernadores, simplemente están imputados por una conducta omisiva en cuanto al control de tutela sobre la empresa y sobre el proyecto (…). Imputaciones relacionadas con acciones u omisiones que llevaron a la pérdida de valor neto del proyecto Hidroituango”.
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¿Qué sigue en el proceso? Según lo explicó el mismo Vicecontralor General Ruíz Rodríguez: “No existe plazo para proferir un fallo definitivo. Lo que sigue es que en los próximos 10 días se notifican las imputaciones para que los implicados puedan defenderse. Posteriormente vendrá un período probatorio, que será solicitado por las partes, y después se analizarán y se proferirá el fallo de responsabilidad fiscal que corresponda”.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció al respecto en su cuenta de twitter: “Hidroituango: He citado a junta extraordinaria de EPM para mañana viernes 4 de diciembre, a fin de evaluar las últimas noticias y establecer acciones que permitan el avance del proyecto”.
