En la montaña artificial, formada por el depósito de miles de toneladas de escombros acumulados por más de 20 años, los equipos forenses excavaron hasta 15 metros de profundidad, para recuperar los hallazgos forenses. Las valoraciones preliminares indican que las estructuras óseas corresponden, al menos, a cuatro personas, entre ellas, una mujer joven.
En su informe, el tribunal señala que todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem; es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. “En la escena, además, los peritos forenses encontraron objetos asociados que facilitarán la identificación de las personas y ayudarán a determinar las posibles causas y circunstancias de su muerte, así como a los presuntos responsables”, se indica desde la JEP.
Estas acciones, fundamentales en la búsqueda de verdad, justicia y restauración del daño causado a las víctimas del conflicto, se desarrollan en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020, con el objetivo de proteger zonas de interés forense en las que se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
En su primer balance quincenal de la intervención en este punto, la JEP indica: “Desde que los familiares de las víctimas comenzaron a denunciar los crímenes en 2001, esta es la primera vez que se recuperan cuerpos en este sitio”.
Y añade: “El proceso forense que se desarrolla en La Escombrera corresponde al trabajo realizado en una escena del crimen. Al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas, lo que confirma que La Escombrera no solo fue un sitio destinado a la desaparición, sino también un lugar de ejecución. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas”.
Para la magistratura de la JEP, sugerir que fueron las propias familias quienes enterraron a sus seres queridos en La Escombrera, tal y como lo infirió un conductor de radio durante una entrevista, es desconocer y negar la magnitud del sufrimiento que han atravesado por décadas.
“Es también menospreciar la incansable lucha que las ha mantenido firmes en su búsqueda de la verdad. Es ignorar el trabajo de investigación judicial que desarrolla la Jurisdicción y que en su momento realizó la Fiscalía General de la Nación. Es desestimar los estudios de los equipos técnicos y forenses, los aportes de quienes cometieron estos graves crímenes y los testimonios de las víctimas. Por eso, desde la magistratura hacemos un llamado a abordar las diferencias con el rigor que requiere un tema tan complejo y delicado como la búsqueda de los desaparecidos y el sufrimiento indecible de sus familias”, agrega.
En la comuna 13 de Medellín, la Unidad de Búsqueda e Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha registrado a 502 personas a las que no se les conoce su paradero. “Para acelerar el proceso de identificación de los hallazgos óseos, es crucial que quienes aún no hayan aportado muestras de ADN de sus familiares desaparecidos en esta zona del país lo hagan. La JEP y la UBPD invitan a estas personas a acercarse a cualquiera de las sedes de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a nivel nacional o a comunicarse a la línea 018000-117175 para realizar la toma de muestras biológicas”, señala el reporte.
El tribunal indica también que a la fecha el proceso de identificación avanza de manera significativa en dos casos, ya que se logró obtener el perfil genético de las víctimas, lo que ofrece buenas probabilidades de dar pronto con su identidad. “En los otros dos cuerpos, las estructuras óseas están completas en un 85 %, lo que permite prever que también podrán ser identificadas”, concluye la nota.
Intervención en La Escombrera
Para la JEP; La Escombrera es un sitio de interés forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas debido a que múltiples pruebas indican que en este lugar los actores armados inhumaron a víctimas del conflicto. “La localización, excavación y recuperación de los cuerpos en esta zona ha representado una lucha social, política y jurídica para las víctimas, mientras que para las instituciones ha sido un desafío debido a la complejidad del escenario, que supera los métodos tradicionales de intervención forense”, se destaca.
Desde 2019, la JEP ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de documentos, testimonios y expedientes con el objetivo de determinar los lugares en los que las víctimas habrían sido inhumadas irregularmente. “En 2020, tras analizar los informes de víctimas, la justicia ordinaria, la Jurisdicción de Justicia y Paz y otros documentos, la Jurisdicción concluyó que la verdad judicial indica que existen pruebas suficientes para considerar que en La Escombrera fueron enterradas personas, principalmente de la comuna 13 y, posiblemente, de otros sectores”, argumenta la entidad.
Con base en la información judicial existente, los tres polígonos definidos por la Fiscalía General de la Nación, las inspecciones judiciales in situ, la magistratura de Justicia y Paz de Medellín, los testimonios recabados, la opinión de expertos y las inquietudes de las víctimas, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, con el apoyo de la UBPD, ordenó estudios geológicos, topográficos, geográficos y la utilización de imágenes satelitales y aerofotografía para delimitar el área de búsqueda. Como resultado, se descartaron otras zonas, como el polígono número 1, en el cual la Fiscalía había realizado tareas de búsqueda sin éxito durante tres meses en 2015.
A partir de esta decisión judicial, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas elaboró un Plan de Intervención Técnico Forense, en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Este ejercicio permitió la delimitación del actual polígono de búsqueda, con una extensión de 6.800 metros cuadrados.
Este plan se estructuró en cinco fases:
- Fase 1: Investigación humanitaria y extrajudicial (2020)
- Fases 2 y 3: Estudio interdisciplinar del suelo (2020–2021)
- Fase 4: Propuesta de intervención (2021–2022)
- Fase 5: Intervención técnico forense (2022-2025)
En el desarrollo del proceso, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha llevado a cabo seis diligencias públicas y 48 mesas técnicas. El actual proceso de excavación, iniciado el 29 de julio de 2024, fue cuidadosamente diseñado durante dos años y estuvo precedido por obras civiles de adecuación que tomaron seis meses.
Conclusiones de la investigación judicial
“La planeación paciente nos permite afirmar, a partir de los hallazgos realizados desde el 18 de diciembre de 2024, que en La Escombrera fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la comuna 13. Esta es una verdad judicial inequívocamente sustentada, y poner en duda o sugerir lo contrario no solo carece de fundamento fáctico, sino que es injusto, ofensivo para las víctimas y, ante todo, socialmente inmoral. Así lo demuestran la evidencia exhaustiva documentada por la JEP y los detalles del proceso forense”, explica la JEP.
La comuna 13 fue un territorio en disputa por el control de los grupos armados. En esta zona, guerrilla y paramilitares libraron una intensa confrontación armada por el dominio de este sector. La JEP estableció que, entre 2001 y 2004, se llevaron a cabo 34 operaciones militares en este lugar: “En el marco de estas investigaciones buscamos a todas las víctimas de asesinatos y desapariciones que se encuentren en La Escombrera, sin ningún tipo de distinción, con el compromiso de esclarecer la verdad y garantizar justicia”, detalla el organismo de justicia.
“Dado que las personas halladas en La Escombrera fueron víctimas de desaparición forzada entre julio y septiembre de 2002, período en el que se desarrollaron varias de estas operaciones, sus crímenes forman parte del universo provisional de hechos y conductas del Subcaso Antioquia–caso 08, que investiga los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado”, reitera el tribunal.
En su balance quincenal, la JEP aclara que en esta investigación, la Sala de Reconocimiento aborda los hechos perpetrados antes, durante y después de las operaciones realizadas en las comunas 7 y 13 de Medellín. “Como parte de este proceso judicial, varios miembros de la fuerza pública, incluidos altos mandos militares, han sido citados a rendir su versión”, enfatiza.
Las buscadoras
La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- agrega que gracias a la insistencia de las madres buscadoras fue posible que el tribunal dictara la medida cautelar para ampliar el polígono de búsqueda en La Escombrera; además, ese interés marcado de las familias condicionó y llevó a la Alcaldía de Medellín a destinar recursos para este propósito.
Así mismo, la Unidad de Búsqueda y la Unidad de Investigación y Acusación -UIA- elaboraron los estudios y el plan de intervención forense. “Lo más satisfactorio es que se va a acabar la angustia de una familia que lleva años sufriendo, buscando a su ser querido”, dice Margarita Restrepo, quien busca a su hija Carol desaparecida en 2002.
En este proceso, las familias buscadoras han sido parte activa en la intervención. Desde el inicio del proceso, en julio de 2024, se turnan para ir a La Escombrera, de lunes a viernes, de 8.30 a. m. a 5.00 p. m. Allí, observan la intervención forense, realizan veeduría y al final del día reciben informes de los equipos forenses, acompañados de un equipo psicosocial.
También tienen la oportunidad de hacer preguntas sobre los hallazgos y del plan de trabajo, que luego registran minuciosamente en una bitácora para no perder de vista ningún detalle. Durante la jornada, continúan con actividades y planes para exigir justicia y verdad.
Por eso la JEP destacó que han sido los familiares de las víctimas quienes, durante décadas, solicitaron la intervención del Estado, insistiendo en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en los años 2000, período de agudización del conflicto armado urbano en Medellín.
