La estación de Policía de El Poblado no es ajena a la crisis de hacinamiento que reporta el Aburrá.
Hasta agosto, 1.854 personas estaban detenidas en los calabozos de las 22 estaciones de Policía del Valle de Aburrá, cuya capacidad real es para 252 capturados, denuncia Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos.
En la de El Poblado ha habido, en el pico más alto, 54 personas en una celda para 20.
“Todos con problemática de enfermedades adquiridas en los calabozos”, por parásitos, virus respiratorios e intestinales, paperas, entre otras. Desde 2013 van cuatro muertos en la estaciones de la ciudad, advierte Carmona.
La Policía, señala el defensor, es víctima en este caso, pues las estaciones son centros de paso y la Justicia es la que debe definir el traslado de los capturados a las cárceles.
“Ninguna persona debe pasar más de 72 horas en las estaciones. La idea es que cuando la capturen, en la primera audiencia de legalización un juez ordene su traslado a un centro penitenciario o una casa por cárcel”, explica, pero hay detenidos que han completado hasta un año, en el caso de El Poblado.
El problema es de la Justicia, pero también de la autoridades de Gobierno, expresa Carmona, pues hace falta en la ciudad una cárcel para sindicados.
La Personería de Medellín es la entidad que más ha luchado porque esto ocurra. Una tutela presentada por la entidad fue fallada a su favor en julio de este año por el Tribunal Superior de Medellín.
Dicho Tribunal ordenó “a la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y al Área Metropolitana, para que en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y el Inpec, elaboren y presenten una propuesta en un tiempo no mayor a seis meses a partir de la publicación del fallo, que contenga la creación de una cárcel metropolitana con una capacidad similar o mayor a la del Pedregal”.
