Hacia un marco normativo claro para los criptoactivos en Colombia

En los últimos años, Colombia ha sido uno de los países de América Latina con mayor adopción de criptomonedas. Con más de 5 millones de colombianos utilizando estos activos y un volumen de transacciones que en 2024 superó los 6.700 millones de dólares, la regulación de este sector se ha convertido en una necesidad inminente. La semana pasada, el Congreso recibió una nueva propuesta de ley que busca establecer un marco normativo claro para los criptoactivos en el país. ¿Es este un avance en la dirección correcta o una barrera para la innovación?

Un proyecto con antecedentes y objetivos claros

El senador Gustavo Moreno y el representante Julián López presentaron un proyecto de ley compuesto por 16 artículos que abordan temas cruciales como vigilancia, pedagogía, tributación y prevención de riesgos financieros. Este intento de regulación no es nuevo. De hecho, versiones anteriores del proyecto han llegado hasta el cuarto debate en el Congreso, sin éxito. Sin embargo, las condiciones han cambiado: el auge de los ETFs de Bitcoin en Wall Street y la creciente institucionalización del mercado cripto pueden darle un nuevo impulso a la iniciativa.

El objetivo principal del proyecto es establecer un marco que garantice la seguridad de los usuarios y evite el uso indebido de los criptoactivos. Aunque en Colombia las plataformas de intercambio de criptomonedas no son ilegales, operan en un entorno informal que genera incertidumbre y riesgos tanto para usuarios como para las entidades reguladoras.

Impacto en el ecosistema cripto y financiero

El proyecto afecta a múltiples actores del ecosistema cripto y financiero en Colombia:

  • Usuarios: la regulación promete mayor seguridad y transparencia en las transacciones. Al exigir estándares de protección al consumidor y medidas contra fraudes, se busca evitar casos como los de intercambios fraudulentos que han afectado a miles de inversionistas en el pasado.
  • Exchanges y fintechs: se establece un marco de supervisión para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que deberán cumplir con requisitos de registro, reportes de transacciones y medidas de prevención de lavado de dinero. Si bien esto aumenta la confianza del mercado, también impone costos regulatorios adicionales para estas empresas.
  • Entidades regulatorias: la propuesta le da un rol activo a organismos como la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la vigilancia del sector, lo que permitirá una supervisión más estricta.

Comparación con regulaciones internacionales

El proyecto colombiano sigue la tendencia global de establecer normas claras para los criptoactivos. Países como Estados Unidos han avanzado en la regulación de los mercados de criptomonedas, con la reciente aprobación de los ETFs de Bitcoin y la supervisión de plataformas de intercambio. Por otro lado, la Unión Europea aprobó el reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), que establece estándares para la operación de criptomonedas en su territorio.

En comparación, el proyecto colombiano se enfoca en la protección del usuario y en la adopción de tecnologías blockchain, asignando responsabilidades al Ministerio TIC y al SENA para promover educación en el sector. Esto representa una diferencia clave con otras regulaciones que se centran más en la supervisión financiera.

¿Avance o limitación para la innovación?

El debate sobre la regulación de criptomonedas en Colombia tiene dos perspectivas:

  • A favor: la regulación proporciona seguridad jurídica, fomenta la inversión extranjera y reduce la informalidad. Un marco normativo claro permitiría que bancos y otras instituciones adopten criptomonedas con mayor confianza.
  • En contra:existen preocupaciones sobre posibles restricciones excesivas que limiten la innovación y la competitividad del sector. Regular en exceso podría hacer que empresas cripto prefieran operar en otros países con regulaciones más flexibles.

El nuevo proyecto de regulación de criptomonedas en Colombia representa un paso clave hacia la formalización del ecosistema cripto, con un enfoque en la protección del usuario y la transparencia. Sin embargo, su éxito dependerá de encontrar el balance adecuado entre supervisión y promoción de la innovación. ¿Será esta la oportunidad para que Colombia se convierta en un hub cripto en la región o terminará desincentivando el desarrollo del sector? La respuesta dependerá del debate legislativo y de la voluntad del país para integrar los avances tecnológicos sin ahogar su potencial.

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