José Molina, quien vive en la calle 10 con la carrera 35, se unió con las familias de Provenza y Poblado Centro, entre ellas los Aristizábal, los Echavarría, los Valderrama, los Botero y los Mejía, para denunciar las afectaciones que sufre la zona con la llegada de bares y discotecas. Coinciden en que la ley 232 de 1995, la cual eliminó las licencias a los establecimientos públicos, deterioró el sector con ruido, basuras, ratas, robos, narcotráfico, uso de escopolamina e incremento de hoteles y hostales que no tienen regulación.
Aunque a la familia Echavarría le es difícil soportar como vecino al hotel The Charlee, además del ruido y las basuras, le gusta vivir sobre la carrera 37 (donde inicia Provenza), porque le quedan cerca las farmacias, las peluquerías, los restaurantes, la veterinaria, el médico, la estación del metro, las rutas de buses de El Poblado y, sobre todo, sus amigos.
Transformación inevitable
“Es claro que por el auge de desarrollos comerciales y establecimientos abiertos al público en el Parque Lleras, comenzó una transformación en la zona y sus alrededores, cuyo primer efecto fue expulsar viviendas, y los residentes dejaron sus casas, movidos por un ánimo utilitario”, expresa el urbanista Luis Fernando Arbeláez.
Habla del encanto de la Vía Primavera, los árboles de Provenza (“algo muy importante porque señala la calidad urbana de un lugar”); del sector como referente internacional por ser punto de partida para conocer la ciudad; de sus restaurantes y cafés y de la necesidad de priorizar al peatón. Sin embargo, advierte: “En la ciudad el proceso de cambio de los usos del suelo por mayor rentabilidad y los conflictos que se generan entre los residentes originales y los que dan nuevos usos, es inevitable. Es una lástima que la vivienda se vaya porque es la única que garantiza la permanencia de una actividad durante todo el día”.
Explica que las transformaciones se dan porque en determinados lugares cierto tipo de actividades encuentran un nicho y cree que estas puede tener aceptación de la comunidad si hay participación.
No es suficiente el POT
Como líder de un pacto social que se hizo en el sector, el concejal Santiago Martínez iba al barrio Provenza a mirar en cuales locales dejaban las sillas afuera, según narró en la última reunión del Plan de Ordenamiento Territorial en El Poblado. “Me tocó hacer de controlador y yo no soy controlador. Vamos a tener las mismas dificultades si la autoridad y el control son los mismos. Es necesario seguir haciendo pedagogía y después aplicar la norma”. En su opinión, lo que se está haciendo mal no va a desaparecer inmediatamente, pues el POT que está en discusión define un plazo de 18 meses para adaptarse al nuevo Protocolo Ambiental Urbanístico (regula el ruido, el uso del espacio público, emisión de olores, etcétera).
Por su parte, Jorge Pérez, director de Planeación explica: “Desde el POT, lo que hacemos es leer las dinámicas sociales, culturales y económicas de los sectores para derivar de eso en proyecto de urbanismo que equilibre todas las tensiones y eso es lo que se está haciendo en Provenza y en El Poblado”. Afirma que para El Poblado, que está teniendo grandes transformaciones desde el sector inmobiliario, se están creando nuevas regulaciones y un plan especial que define cada detalle y que, teniendo en cuenta lo que sucedió en el sector del Lleras, esperan orientar con mayor orden.
