Por Laura Montoya Carvajal
Desde mayo de este año el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, había manifestado su voluntad de instalar allí tres proyectos de su administración: la Universidad Digital, la Gerencia para la Paz y la Empresa de desarrollo agropecuario, que funcionarían gracias a un comodato con el Fondo.
Alan Jara Urzola, director nacional de la Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas, manifestó el 21 de julio en una reunión con el gobernador que buscarían “concertar desde el punto de vista jurídico un convenio que le dé ese predio, que comprende más de 30.000 metros, a la Gobernación, para que pueda adelantar allí este proyecto y a cambio de ello las víctimas puedan recibir educación”, refiriéndose al programa de Universidad Digital, que se espere beneficie a 200.000 estudiantes de todo el departamento.
Según Jorge Mario Alzate, director en Antioquia de la Unidad, si bien se están realizando las consultas respectivas para considerar esta opción, se decidió contratar un avalúo del canon de arrendamiento y ubicar un cartel para recibir propuestas de posibles interesados, esto para de nuevo percibir recursos del predio que mensualmente requiere gastos de administración en mantenimiento, servicios públicos y vigilancia que vienen del Gobierno.
“Si bien hay una intención, esta no se ha formalizado, no se ha firmado todavía un comodato frente al proyecto que ellos estaban planteando. El de la universidad es un proyecto que no es de corto plazo, porque implicaría demoler lo que hay allá y edificar”, dijo, y aseguró que la entidad departamental está interesada en que el bien les fuera entregado de manera definitiva para realizar allí estas construcciones.
Según el director departamental de la Unidad, Montecasino tiene “limitaciones con el Plan de Ordenamiento Territorial para construir”. Agregó además que el predio, avaluado en 40 mil millones de pesos, tiene restricciones en este sentido si es entregado en comodato, y que no podrá ser extinguido definitivamente hasta que la Sala de Justicia y Paz de Medellín no emita una sentencia de uno de los integrantes del clan Castaño.
Alzate enfatizó en que “todas las opciones están dadas”, tanto la de formalizar un acuerdo con la gobernación o recibir otra institución. Concluyó que “el destino final de estos bienes es monetizarlos cuando ya haya habido extinción de dominio para indemnizar a las víctimas, en este caso las de las AUC”.