“¿Cómo se hizo la distribución? No se sabe. Nadie se explica cómo la hicieron”. Este es uno de los comentarios que por estos días se escuchan en El Poblado alusivos a las notificaciones del cobro por Valorización. Sin embargo, el Fonvalmed explica en uno de sus comunicados que para la distribución “contó con un estudio que contiene, en términos generales, una caracterización demográfica y socioeconómica de la zona de influencia del proyecto y que además definió la capacidad de pago total de la zona definida”. También aclara que “no es un estudio que entregue una caracterización socieconómica individualizada, en razón de la extensión y la heterogeneidad de la zona, pero sí usa los métodos aprobados y usados para este tipo de investigaciones en el mundo”. Quizá por esto algunos opinan que si la administración municipal hubiera hecho un estudio socioeconómico individual, conocería realmente la capacidad de pago de muchas familias, las historias de herencias, de los pobladores originarios del barrio que construyeron su casa con esfuerzo y la de los jubilados con pensiones mínimas con las que apenas alcanzan a vivir y pagar los demás impuestos.
No obstante, el Fonvalmed deja la puerta abierta para que de manera individual los propietarios inconformes con los cobros interpongan recursos de reposición y soliciten la revisión de su caso. Hasta el martes 21 de octubre, se habían interpuesto diez mil recursos de reposición.
Javier Santamaría
“No sé qué vamos a hacer”
Javier Santamaría, un carpintero de 72 años, vive en una casita de tapia en el barrio Manila con su sobrina Beatriz, Melissa (la hija de Beatriz) y su hermano Óscar, quien dentro de la casa tiene una tienda apenas surtida y donde vende paletas. Los palos de madera, que ahora se agrietan en el techo, los trajeron sus abuelos en 1905 de las partes altas de El Poblado. “Construyeron la casa trabajando como esclavos en varias fincas, casi que día y noche, en una molienda de caña y en labores de aseo y mantenimiento. En esos años había árboles de madera fina y ellos las pedían a los dueños”, narra Javier. “Es la herencia de los abuelos, por eso hay que defenderla”, agrega indignado.
En la pequeña casa del lado viven sus hermanas Lilian, María Eugenia y Nora –con 77 años y ciega–, y John (hijo de Nora), de 51 años y con movilidad reducida. Con las pensiones mínimas de Javier y Óscar pagan el impuesto predial (cerca de 600 mil pesos), los servicios públicos de ambas casas (alrededor de 600 mil) y la salud de Lilian y María Eugenia (la de Martha hasta hace un mes, cuando murió). La tienda les ayuda, pero por esta también deben pagar impuesto de Industria y Comercio (30 mil pesos mensuales). Con su seguro, John costea las consultas médicas y medicamentos de él y su madre Nora. “¡Y ahora nos llegan 10 millones de pesos de Valorización! Una millonada que uno no sabe de dónde va a sacar la plata. ¡Uno no tiene más, no dan una oportunidad de trabajo y tiene uno que defenderse como pueda. ¿Cómo hace uno para sobrevivir de esta forma? Si nos aplican esto, no sé qué vamos a hacer!”, expresa Javier angustiado. Cuando resulta, hace arreglos de carpintería y restaura muebles.
Javier nació en esta casa. En 1943, una partera atendió su nacimiento. En la pared, fotografías cuentan de las tardes de pesca con los tíos en el río Medellín, cuando se atrapaban sabaletas. El fogón de leña le recuerda las mañanas antes de ir a misa o a estudiar, y un tanque y lavadero de piedra permanecen entre restos de carpintería. Dice que la inequidad social la sintió desde niño. “En esa época a uno lo recibían de ocho años en el colegio, como revisando un marrano. Nos abrían la boca, nos sacaban la lengua y miraban que tuviéramos los dientes completos. Ese era el certificado para los pobres, porque el que tenía cualquier centavo, a los seis años pasaba”.
Interior de la casa de las hermanas Santamaría
Pero también disfrutó en estos lotes de mangos y naranjas ombligonas, en donde señoras muy estudiadas y bonitas les enseñaban a él y a sus hermanos a leer y escribir. Relata que el primer fracaso le llegó en la juventud, cuando la empresa donde hizo muebles para televisores y equipos de sonido por 15 años, quebró. De la liquidación, y tras una larga lucha, le reconocieron unos pesos que le alcanzaron para pagar deudas pero no para un ahorro. Luego optó por trabajar de manera independiente y pagó el seguro con el que vive ahora (542 mil pesos mensuales), de los que se supone que deberá sacar el dinero para pagar la Valorización.
Rosa Elena Montoya
“Jubilados con el mínimo”
Carlos, con problemas cardíacos, anda sin trabajo. A Beatriz, diseñadora gráfica independiente (sin ingreso fijo), le informaron que posiblemente no tendrá jubilación. Fernando es ingeniero electrónico y también independiente.
Ellos, con más de 55 años, son hermanos de Rosa Elena Montoya, quien trabajó como secretaria y es la única con pensión. Viven junto a su madre y un hijo de Rosa, en una casa en Manila que adquirió el padre en 1960. “Tenemos esta casa pero estamos a punto de perderla por esa Valorización tan horrible y porque tenemos la sonda del patrimonio. “¡Dios mio! Después de tanto esfuerzo…”, expresa Rosa Elena. “No oyeron a la comunidad, no tuvieron una norma, no escucharon a los viejos cuando les avisaron ‘El Poblado es un terreno inestable’. Los que tenemos más de 70 años conocemos los riachuelos que secaron y las fallas geológicas. Si ellos dieron las licencias de construcción sin tener vías ¿por qué los que estamos aquí abajo tenemos que pagar obras de arriba?”, insiste impotente. Asegura que los desniveles que tiene el suelo de su casa no la hacen muy apta para la construcción. “Yo podría hacer un local aquí. ¿Y cuánto me vale? Eso lo puede hacer un millonario, pero yo no. Me pregunto ¿cuál es la valorización?”.
Tienda en la casa de Javier Santamaría
Según la notificación, por esta casa deben pagar 37 millones 140 mil 376 pesos (72 cuotas mensuales de 664.693 pesos). Viven del arriendo de una segunda propiedad por la que les llegó un cobro de 10 millones 506 mil 149 pesos, con una cuota de 741.911 pesos mensuales durante 15 meses. “¿Por qué a una vecina que debe pagar 4 millones de pesos, le dieron un plazo de 40 meses?”, pregunta. Si la situación no cambia, dice que no tendrá otra opción que vender una de las dos casas para pagar la deuda. “Estamos desesperados, esto es un desplazamiento disimulado”, finaliza. “Es el caso de mucha gente: jubilados que nos quedamos con un mínimo”.
Casos similares a estos de Manila suceden en Lalinde, por el Parque Lleras, en la 10, en el centro de El Poblado, en Provenza, La Aguacatala, Las Vegas y La Frontera, entre otros.
Casas de la familia Santamaría
Un nuevo plantón
Para el viernes 24 de octubre, las juntas de acción comunal, el Comité de Valorización El Poblado y un movimiento de mujeres convocaron un nuevo plantón en el Parque de El Poblado a las 11 am. En el pasado plantón dieron gritos de inconformidad: “¡No al cobro de Valorización, desobediencia civil, es un abuso!”. “El alcalde nunca ha dado la cara!, eso es lo primero que se tiene que pedir!”. “A los ricos les cobran 500 mil pesos y a nosotros 10 millones, es un cobro inequitativo”, fueron algunas de las arengas. En corrillos, vecinas y vecinos con sus cartas en la mano hablaron de sus casos, los compararon con otros y quemaron las cartas. También se recolectaron firmas y se están rotando hojas e instructivos por las unidades residenciales para interponer una acción popular antes del 28 de octubre, día que se acaba el plazo para presentar los recursos de reposición.
En el plantón, varios habitantes coincidieron con el argumento que esgrimió Margarita Peláez, líder del movimiento de mujeres: “Están acabando la ciudad que los abuelos construyeron, basados en un modelo socieconómico sin rostro humano que está desplazando los estratos 4 y 5, para el beneficio de constructores e inmobiliarias”.
