En 2018, varios deslizamientos afectaron la única vía de acceso a la urbanización campestre La Palmera; se cuarteó la calzada y se malograron cunetas y sumideros que, de manera insuficiente, venían desaguando aguas lluvias y subterráneas hacia las quebradas La Escopetería y Vicenza.
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A este sector, pese a ser parte del corregimiento de Santa Elena, se accede sólo por un ramal que viene desde la vía El Tesoro, que sube a encontrarse con Los Balsos; su vínculo inmediato es con nuestra comuna 14. Allí, inicialmente, había dos fincas de las que sobreviven sus casonas: La Colina y La Palmera.
En la primera no habita nadie, porque su estructura fue afectada por los deslizamientos. La segunda se mantiene estable y dio origen a la urbanización. Tras dar la alerta a las autoridades del riesgo para cerca de 25 familias, se logró que el Distrito incluyera este caso dentro de las urgencias manifiestas 473 y 499 de 2022.
TRES piezómetros servirán para monitorear el nivel freático en el predio privado de La Colina.
El sector de La Palmera fue priorizado junto con otros seis en San Antonio de Prado, el norte y centro oriente de Medellín. Para mitigar los riesgos por aludes, se definió allí la construcción de trincheras filtradoras, unos 139 metros lineales con seis metros de profundidad. Debieron entregarse este 17 de octubre, pero el contratista pidió una prórroga de al menos 15 días para concluir los últimos 10 metros.
2003, año en que fueron entregadas las 18 casas de La Palmera, donde habitan 80 personas.
“Nos preocupa que estas obras necesitan de otras que deben hacer privados en sus predios, ojalá se les exija pronto que las hagan. También quisiéramos que se hiciera un estudio y una intervención más integral, porque estos problemas empezaron con la ampliación de Las Palmas, desaguando desde los miradores y de forma anti técnica hacia acá”, afirman los vecinos afectados.
Gran esfuerzo de privados
Vecinos de la urbanización campestre La Palmera y predios privados aledaños se unieron en 2018 para llamar la atención del Distrito sobre la inestabilidad del terreno que amenaza sus hogares. Ante la indiferencia oficial, contrataron una firma legal en 2022 que dio fruto: la declaratoria de urgencia manifiesta que obligó a ejecutar obras de mitigación, las cuales, insisten, no son solución definitiva.
