Render Túnel Santa Elena, portal occidental (Cortesía)
Mientras los contradictores del proyecto Túnel de Oriente se oponen con argumentos ambientales, técnicos, jurídicos, financieros y demás, la Gobernación de Antioquia tiene hoy la certeza de que este cumple con todos los parámetros. Así lo asegura Sebastián Álvarez, gerente de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura Departamental.
Más que un túnel
Después de discutirse el proyecto Túnel de Oriente por más de treinta años, solo fue hasta 1997 cuando el gobernador de entonces, Álvaro Uribe Vélez, adjudicó el contrato de concesión llamado Conexión Vial Aburrá-Oriente, que hoy se conoce como Túnel de Oriente. Sin embargo, la pretensión del actual gobierno departamental va más allá del túnel, pues considera el proyecto como un sistema integral de movilidad. “No es un contrato que sea exclusivamente para el túnel, es un contrato que tiene varias fases”, explica Sebastián Álvarez. “La fase uno fue la construcción de la doble calzada desde la loma de Los Balsos hasta el Alto de Las Palmas; la fase tres, fue la construcción de la doble calzada de Chuscalito hasta la loma de Los Balsos, la construcción de la doble calzada desde Sajonia hasta el Aeropuerto José María Córdoba, y la pavimentación de las vías Canadá-El Carmen de Viboral y mejoramiento de la vía El Retiro-La Ceja. Ahora, la fase dos, es el túnel propiamente dicho por el corredor de Santa Elena. La fase cuatro es una serie de vías alrededor del Oriente antioqueño que hoy no se han construido. Entonces, cuando se dijo que el contrato se había suspendido, no era todo, se suspendió en su momento la fase dos”.
Render tramo entre el Túnel del Seminario y el Túnel de Santa Elena. (Cortesía Gobernación)
Agrega que la fase dos no incluye solo el túnel. “Es una variante larga porque tiene un túnel corto de 800 metros en el sector del Seminario; después, hay una vía a cielo abierto de 4.5 kilómetros y luego el túnel largo de 8.2 kilómetros; el proyecto finaliza con otra vía de alrededor 1 kilómetro, que conecta esa salida del portal oriental con la glorieta de Sajonia. En general son 14.5 kilómetros, de los cuales hay prácticamente nueve kilómetros en túnel y el resto son vías a cielo abierto”.
El tema ambiental: un viacrucis
A pesar de que Cornare admitió la solicitud de licencia ambiental del proyecto en el año 2000 y la otorgó en 2002 mediante la resolución 1764, el tema ambiental siempre ha sido un punto álgido, de allí que el gobierno nacional interviniera para hacerle frente a la situación. Sebastián Álvarez comenta: “La discusión ambiental ha existido a lo largo del proyecto y los contradictores mencionan que el túnel va a secar a Santa Elena o va a abatir el nivel freático, es una inquietud válida. La intervención del Ministerio de Ambiente se origina a partir de unos derechos de petición que se formularon desde la Alcaldía de Alonso Salazar, cuando el hoy secretario de Infraestructura de la Gobernación, Mauricio Valencia, era director de Planeación Municipal. En ese momento, él manda un derecho de petición al gobernador de turno, también a Cornare y al Ministerio del Medio Ambiente. El gobernador y Cornare responden inmediatamente y el Ministerio se toma su tiempo para responder. Finalmente, esta cartera asume la competencia y revisión del licenciamiento del proyecto”. Añade Álvarez: “Una de las primeras reuniones que tuvimos al inicio de esta administración fue el 12 de enero de 2012 con Frank Pearl, ministro de entonces, cuando nos explica que él está asumiendo la competencia en virtud de ese oficio para verificar si el abatimiento del nivel freático es un tema así de crítico. Finalmente el Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) emite la resolución 148 de 2012, y toma medida preventiva de suspensión para evaluar con sus técnicos todo el proceso de licenciamiento, tanto la parte documental como en campo.
Esta autoridad exige, además, unos estudios complementarios”. De ahí que la actual administración departamental contratara dos empresas extranjeras con el fin de dar respuesta a esos requerimientos. Una vez resueltos, la competencia del licenciamiento pasa nuevamente a Cornare, entidad que en marzo 14 de este año otorga la modificación a la licencia ambiental mediante resolución 112-0874.
Financiación y valorización del proyecto
Resuelto el componente ambiental, la Gobernación revisó entonces el modelo financiero. “Cuando llegamos a la Gobernación, encontramos que el gobernador anterior había dejado financiado el proyecto de la siguiente manera: aportes de 833 mil millones de pesos, distribuidos así: 320 mil millones de pesos de la Gobernación, de los cuales 120 mil millones estaban representados en el cobro de valorización, y el concesionario ponía 513 mil millones de pesos. Nos encontramos con dificultades porque la valorización no se había socializado. Luego de revisar este factor, llegamos a que el departamento, que ponía 320 mil millones de pesos, hoy pone 220 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil millones están representado en valorización y el concesionario pone 613 mil millones de pesos”.
Si embargo, con el reciente anuncio de campaña del presidente Juan Manuel Santos, quien en Rionegro aseguró que no se cobraría valorización, y teniendo en cuenta las obras complementarias de la fase 4 del proyecto, el panorama podría cambiar. Se hablaría entonces de un proyecto con un alcance de 933 mil millones de pesos; el concesionario pondría 613 mil y los otros 320 mil de la siguiente manera: 150 mil millones de pesos la Gobernación de Antioquia, de los cuales 120 mil -que estaban inicialmente cargados como valorización- hoy los pondría el Gobierno Nacional, y 50 mil millones de pesos restantes por valorización de las obras complementarias.
Render en altura, intercambio vial Sajonia (Cortesía Gobernación)
En relación con este cobro por valorización, que tanta polémica ha suscitado, el funcionario explica: “Nosotros hicimos el estudio de factibilidad de valorización y nos da que esos 70 mil millones de pesos se recogen con 372 de los 115 mil propietarios que hay en el área de influencia donde se debe derramar la valorización, y esos propietarios no son ni estrato uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco, e incluso ni seis; esos 372 propietarios que pagan la valorización, son grandes empresas y grandes tenedores de tierra inmobiliaria. Ese es el esquema que está aprobado hoy por el gobierno departamental y avalado en la Asamblea. Sin embargo, teniendo en cuenta el anuncio del presidente de que el Gobierno Nacional pone 120 mil millones de pesos, hacemos una valorización ya no para el túnel sino para las obras complementarias, siendo así una valorización de 50 mil millones de pesos, que no la asumirían esos 372 propietarios sino solo 164 propietarios”.
“Es obligatorio”
En cuanto al cambio de posición del gobernador Sergio Fajardo, quien en campaña aseguró que el túnel no era prioritario, Sebastián Álvarez lo explica así: “Al gobernador le critican, que en campaña dijo que el túnel era importante más no prioritario, pero es que en ese momento no se había firmado el acta de inicio de la obra. Ahora él dice, el Túnel de Oriente es importante y hoy es obligatorio. Los compromisos se deben respetar como Gobernación”.
