Edificio Asensi
“Le envié un derecho de petición a Federico Estrada García, gerente de la Lonja, porque la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia debe presentar el avalúo corporativo sobre el lote de Space. Yo sigo sosteniendo que un avalúo, independiente de lo que implique el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que no ha entrado en vigencia, debe hacerse con base en la ley que rige hoy”.
Esta molestia la expresa Marco Tulio Zapata, liquidador de la sociedad Lérida CDO, quien desde el pasado 29 de agosto solicitó a dicha Lonja el avalúo del lote donde quedaba la urbanización Space. “Me tienen perjudicado sin la entrega del avalúo; es necesario para hacer la graduación y la calificación de los créditos en el proceso liquidatorio; conjuntamente con la graduación de créditos, yo debo entregarle a la Superintendencia de Sociedades el avalúo corporativo, y al no hacerlo me tienen parado todo el proceso de liquidación”. En otras palabras, sin el evalúo no hay liquidación y sin liquidación no hay pago a los acreedores, entre ellos el Municipio y algunos propietarios se Space que aún no han negociado.
“En el derecho de petición –continúa el liquidador– le solicito a la Lonja que en el término de tres días (contados desde el 19 de noviembre) me lo deben entregar, pues ya precluyó el término. Si no lo entregan, le tendré que solicitar a la Superintendencia de Sociedades que remuevan al avaluador…”.
Por su parte, Federico Estrada, gerente de la Lonja, justifica la demora en lo que él llama falta de claridad en la normativa que debe regular el proceso de avalúo del lote de Space. “La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia no puede definir el avalúo sin tener la norma, el concepto de la autoridad en relación con lo que allí se puede construir. Ni la Curaduría, ni el Municipio ni el Ministerio (de Vivienda) nos han dado el concepto… Estamos a la espera de que la autoridad nos diga precisamente cuál es la norma que se debe aplicar a ese terreno”, explica Estrada.
Continental Towers
Entre tanto, Diego Restrepo dice que hoy no es prioridad para el Municipio la compra del lote donde quedaba Space, pese a la intención manifestada por el alcalde Aníbal Gaviria el pasado 12 de octubre (al cumplirse un año del colapso de la torre 6) de comprar el terreno para construir un parque para beneficio de la comunidad. “Para la Alcaldía no es prioridad en este momento el parque, no es prioridad conocer el avalúo, adquirir el lote o pujar por él, pero sí es prioridad la reparación económica a las víctimas, la coordinación jurídica en la defensa del Municipio y el evitar que se vuelva a presentar una situación similar a la ocurrida con Space”, enfatiza Restrepo.
La Universidad de los Andes no podrá revisar los estudios
Si bien es cierto que la Alcaldía de Medellín había manifestado el interés en que la Universidad de Los Andes revisara y evaluara los proyectos de rehabilitación de todas las edificaciones construidas por la constructora CDO, y que hoy por presentar fallas estructurales y no cumplir a cabalidad con la norma de sismorresistencia deben repotenciarse, la municipalidad dice que ya no podrá contratar con esta institución educativa para adelantar dichas labores.
“Jurídicamente no es viable contratarlo, por cuando implicaría para los funcionarios que lo realicen un presunto detrimento patrimonial al Municipio de Medellín, desembocando en una responsabilidad penal o fiscal, al tratarse de una posible extralimitación de funciones, por invertir recursos públicos en una obra particular sin contar con las competencias legales que así lo permitan”. Así lo explicita la Gerencia de Vivienda Segura en un comunicado enviado a todas las edificaciones construidas por CDO y ante las que la constructora ha planteado su intención de repotenciar, entre ellas Asensi y Continental Towers.
El comunicado agrega que al no ser el Municipio el ente que contrate con la Universidad de Los Andes, deberán ser entonces los propietarios o en su defecto la copropiedad de cada una de las edificaciones afectadas (Cerezos de Calazania, Colores de Calazania, Punta Luna, San Miguel del Rosario, Continental y Asensi) los que contraten la revisión de cada estudio de rehabilitación (se calcula que cada uno cuesta 200 millones de pesos).
Así mismo, el comunicado indica que una vez analizadas las comunicaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda sobre el licenciamiento de los proyectos de reforzamiento estructural, queda claro que el proceso de licenciamiento de estos se rige por el Decreto 1469 del 2010. Esto significa que son los copropietarios los que deben expresar en Asamblea su decisión de autorizar o no la ejecución de dichos trabajos. Posteriormente, el administrador y representante legal de la propiedad horizontal debe presentar la solicitud de la licencia de reforzamiento al curador urbano, para que este apruebe o niegue la licencia respectiva, de acuerdo con los diseños elaborados y revisados conforme a lo señalado por ley 400 de 1997.
También aclara la Gerencia de Vivienda Segura, en cabeza de Diego Restrepo, que la constructora CDO deberá presentar a la copropiedad de cada una de las seis edificaciones que presentan fallas, el estudio de rehabilitación. Cada copropiedad, a su vez, si lo desea, determinará con qué empresa o particular contratará la revisión de los estudios. A renglón seguido, la constructora radicará en la Curaduría Primera de Medellín los proyectos de rehabilitación. “Luego se daría un acto que es la licencia de reforzamiento estructural o la negación de la misma”, asegura Diego Restrepo.
Ante la pregunta de qué pasará con los copropietarios que no estén de acuerdo con la rehabilitación de las edificaciones, Restrepo replica que este “es el gran cuestionamiento que tendrá que responder en los próximos días la Superintendencia de Industria y Comercio”.
15 familias más negociaron con CDO
De las 19 familias que el pasado 6 de octubre firmaron un acta de intención de conciliación con la constructora CDO, 15 de ellas negociaron de manera definitiva, firmando un contrato de transacción en el que aceptan que la constructora reconoce un valor de tres millones de pesos por metro cuadrado de sus apartamentos. Marco Tulio Zapata, liquidador de Lérida CDO, asegura que lo pagado a estas 15 familias suma tres mil millones de pesos. Entre tanto, las demás familias afectadas por la constructora y quienes debieron evacuar sus apartamentos, continúan recibiendo mes a mes los subsidios de habitabilidad.
