A diferencia del hurto o los homicidios, el delito de la extorsión es uno de los más difíciles de detectar por el bajo índice de denuncia
Por Daniel Palacio Tamayo
Dentro de los delitos a combatir en El Poblado, la extorsión no está entre las prioridades de la Alcaldía. Según el Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, la comuna 14 es una de las pocas que se libra de las presiones para el pago de las llamadas “vacunas”. A diferencia de otros barrios, donde el hampa cobra, por supuesto a las malas, por prestar vigilancia, conducir un bus, tener una tienda o tener un hijo que, dicen, podría ser reclutado por un combo delincuencial.
Gustavo Duncan, profesor e investigador de Eafit, asegura que hasta hace unos 5 años supo que locales comerciales del parque Lleras eran presionados para el pago de vacunas, al igual que algunos constructores. Sin embargo, señala que debido a la institucionalidad y la influencia de las personas que viven en El Poblado, los casos han sido muy reducidos en relación con otros sectores de la ciudad.
Según la encuesta de Percepción sobre Seguridad, Victimización y Convivencia en Medellín realizada por Eafit, Laureles Estadio, El Poblado y el Distrito Rural son los lugares con menos presencia de actores ilegales como prestadores de presuntos servicios de seguridad.
En El Poblado, por ejemplo, el 2 por ciento de los encuestados señaló que los combos son los encargados de la seguridad en su sector. A consideración de Fernando Quijano, director de la ONG Corpades, El Poblado no se libra del cobro ilegal. “¿Qué podría blindar a El Poblado de la extorsión? ¿Ser la comuna 14? ¿Ser la de mayor estrato? Donde hay recursos, ellos están”, afirma el investigador en temas de conflicto.
Anteriormente, entre administradores de discotecas de El Poblado pagaban un personal que vestía de civil y usaba radioteléfonos. Su presunto propósito: brindar seguridad, según recuerda Pedro*, uno de esos administradores, quien sostiene que en ese momento esa estrategia fue efectiva, pero que fue desmontada porque las autoridades cuestionaron su legalidad. El administrador, quien ha trabajado por más de 12 años en discotecas, considera que en el Lleras están disparadas la inseguridad, la prostitución y la venta de drogas, por lo que se ha reducido el número de clientes.
Pedro, afirmó que si el servicio de seguridad privada reduciría esta problemática “la acolito y la pagaría”, sin considerarla como extorsión. Dice que aunque “no ha llegado un grupo a obligarnos a pagar, pero si llega y funciona, yo creo que los comerciantes lo haríamos”, es una relación costo beneficio, concluye.
Comandante de Policía de El Poblado, Mayor Mauricio Rogeles, recomienda siempre acudir a la institucionalidad por medio de la línea 165 del Gaula en caso de ser víctima de extorsión. “La llamada vacuna no es más que eso”. Para él, conformar grupos de vigilancia privada sin los requisitos de ley, es como un pacto con el diablo, porque recuerda casos en la ciudad en los que los comerciantes no han querido pagar más este servicio ilegal de vigilancia y esas mismas personas los han obligado a seguir pagando una cuota, una extorsión.
* Nombre cambiado a petición de la fuente
