Así se la pasaron durante al menos 15 años en Santa María de los Ángeles con su vecino Mónaco: una marca negativa de país, hasta que en julio de 2000 el Juzgado 18 Penal del Circuito de Medellín y luego la Corte Constitucional ordenaron el traslado de la Fiscalía a otro sector de la ciudad que no fuera “de concurrencia residencial”.
¿Caso cerrado? Por fin Santa María de los Ángeles podría asumir la presencia del Mónaco como un vecino cargado solo de mal pasado, o sin destinación al uso por parte de entidades que, justo por su accionar, podrían desencadenar escenarios de zozobra.
Pero no. No hay caso cerrado. Y sorprenden las maneras.
En julio de 2015 la Policía radicó una solicitud de licencia para instalar una central de inteligencia. Sí, en el mismo edificio del que la Corte ordenó el traslado de la Fiscalía. La solicitud va en contravía del pedido de los vecinos de tener, por fin, una edificación en su barrio que no esté ligada a personal que utiliza armas o que tiene actividades en horarios que riñen con la vocación residencial, por supuesto, insistiendo en que delincuentes e instituciones del Estado son opuestos.
El trámite además corre el riesgo de enmascarar su real pretensión. Porque mucho hay de pedir licencia ante la Curaduría para “demolición parcial”, como lo radicaron la Policía y la Secretaría de Seguridad, a intentar un nuevo cambio de uso del edificio.
La comunidad, en un nuevo debate por la destinación adecuada de los 12 apartamentos, 34 parqueaderos y 12 depósitos destinados a vivienda, señala que el proyecto de central de inteligencia, clasificado como institucional, para uso como oficinas, riñe, una vez más, con la vocación inicial plasmada en la Escritura 1486, firmada en los tiempos de Pablo Escobar: propiedad horizontal para uso residencial. La defensa de los vecinos es que así lo refrendan las Curadurías y Planeación.
¿Hace mal una comunidad en rechazar la presencia institucional en su entorno inmediato? Porque en una ciudad que viene librando una guerra contra el delito, con resultados muy positivos y también con tareas pendientes muy serias, por supuesto es necesaria la inversión en talento humano, tecnología e instalaciones. En algún lugar de la ciudad tendrán que abrirse espacio para desarrollar su actividad de protección de todos.
Lo que no es procedente en Santa María de los Ángeles es que la comunidad tenga que abrir otra discusión y apelar a abogados para defender los mismos postulados de siempre, desde los años 90: recordar que usos diferentes a los residenciales no son la clasificación del Mónaco y temer porque, si bien se trata de entidades que no están vinculadas al delito, puedan sufrir un nuevo atentado, sin contar con las restricciones a la movilidad y otros factores de convivencia.
