En los salones de clase de mi colegio, sobre el tablero, estaban instalados unos pequeños altavoces por los cuales el rector transmitía anuncios en ocasiones especiales. La violencia que azotó al país a finales de la década de los 80 y principios de los 90 hizo que, cada vez que sonaba el interruptor que encendía el altavoz, mis compañeros y yo —en el colegio San Ignacio, de Medellín— presagiáramos una nueva mala noticia. Una noticia que, por lo general, anunciaba el asesinato de algún candidato presidencial.
Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado el 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990; Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril de 1990. Y ahora, 35 años después, Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto, después del atentado el 7 de junio de 2025. Pareciera que el pasado se empeñara en regresar, de la mano de la equivocada política de Paz Total del actual gobierno y del debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Una política que comenzó ofreciendo un alto al fuego unilateral y que ha terminado fortaleciendo las finanzas -provenientes en su mayoría del narcotráfico – de las organizaciones criminales.
Aún recuerdo el miedo que sentía de niño al caminar por las calles de la Medellín de finales de los años 80. Esa Medellín en la que cualquier carro parqueado en el espacio público parecía anunciar la inminente explosión de una bomba. Bombas que han regresado. La más reciente, en un camión detonado frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali, el pasado 21 de agosto, dejó un saldo de seis muertos y cerca de 75 heridos.
Aunque había otro camión más que, por fortuna, no alcanzó a ser detonado, demuestra el cruel envalentonamiento de quienes hoy enfrentan al Estado colombiano y cuya respuesta del gobierno suele ser el ofrecimiento de nuevas prebendas para seguir negociando.
Durante este año, el Gobierno Nacional ha girado a la IV Brigada del Ejército – de la cual depende el Oriente antioqueño – solo 32 millones de pesos. El equivalente a $4.500 por soldado de la unidad militar. Al igual que en salud y educación, el gobierno central parece apostarle a la desfinanciación de la seguridad. Sus discursos grandilocuentes contrastan no sólo con su pobre ejecución, sino con sus claras intenciones de modificar, a las buenas o a las malas, el orden social, dejando desprotegida a la población en sus derechos más básicos y fundamentales.
¿Y cuál es el nuevo orden social que se plantea? Por lo visto, nada diferente al que ya se probó – con estruendoso fracaso – durante el siglo pasado en países como la Unión Soviética de Lenin o la China de Mao.
Gustavo Petro no es el primer presidente de izquierda en Colombia, sino el primer presidente marxista. A la izquierda ya la habíamos tenido en el Palacio de Nariño, con mandatarios como Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen o Ernesto Samper. Socialistas, todos ellos, pero ninguno con la idea de que el Estado lo puede todo.
Al comienzo de su Gobierno, el presidente Petro nos prometió un cambio. Habló de unidad y reconciliación, pero poco a poco su administración fue dejando caer esa máscara, demostrando ser todo lo contrario: división y pugnacidad. Hace tres años, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, apareció en redes sociales proclamando que el cambio sería “en primera”, pero, como en tantas otras cosas, se equivocó. El cambio no fue en primera, el cambio fue en reversa.
