Pidió perdón, él, Federico Gutiérrez, y no otro funcionario, ante una decena de vecinos por una ejecución que, dijo, constituye “una cadena de errores”, “una obra que tiene en vilo a toda la ciudadanía”.
¿Les debe pedir perdón un Alcalde a los ciudadanos? Que no se estile no quiere decir que no proceda. Manejar poder no asegura gestiones infalibles, perfectas, tampoco debería ser patente para la arrogancia. Se suele esperar que ante una ejecución con tacha los organismos de control desencadenen “investigaciones exhaustivas” y también es corriente que a ese tipo de proyectos que lesionan a los ciudadanos y a los responsables de la mala práctica los beneficien el olvido o la aparición de otro escándalo.
Pero Federico Gutiérrez, además de convocar a los organismos de control para que investiguen, pide perdón: “Así no sea una obra que inició en nuestro gobierno hay que decirle la verdad a la gente, dar la cara y actuar con responsabilidad”.
El gesto corresponde con un funcionario que desde candidato se presentó como cercano a la gente. El gesto lo engrandece, le da créditos en liderazgo y no lo interpretamos como estrategia de campaña, porque a estas alturas, a once meses de su posesión, no hay contienda a la vista.
Pero además el gesto lo compromete con la ciudadanía: con la de Surabaya, Torres del Castillo, Princesa Plaza, Portofino o Consumo; con los demás barrios que pagaron la Valorización; con todo Medellín, porque este sobrecosto, calculado en poco más de 8.500 millones de pesos –la obra original valía 9.000 millones- se pagará entre todos, a la espera de que resulten exitosos los procesos de reclamación ante los constructores e interventores.
Lo compromete en tanto no se pide perdón dos veces por la misma razón y porque ya puso las condiciones: mediante una maniobra, valga decir legal, Gutiérrez se encargó de que Conconcreto e Integral, en una contratación dirigida, sean las firmas que le den por fin corte de cinta y operación ya en abril de 2017 a una obra clave del proyecto de Valorización.