El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, informó que los ediles de Medellín empezarán a recibir pago por su labor, detrás de esto hay una historia de amores y desamores.
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Todo inició en 2013, cuando se empezó a formular el proyecto, el cual en 2015 fue radicado ante el Senado de la República, pero, en 2018, posteriormente objetado por el entonces presidente, Juan Manuel Santos.
Para ese entonces, se especuló que el proyecto no le hacía bien a las finanzas del Estado, pero ese no es el punto, lo cierto que se trata de un beneficio que anda en los albores legislativos desde hace varios años, y lo que ahora logró Medellín: “no deja de ser algo histórico y reconfortante”, reconoció a Vivir en El Poblado el edil de la Comuna 14, Juan Sebastián Rey.
Y es que tras la sanción presidencial de la Ley 2086, la semana pasada, la Alcaldía de Medellín aseguró que está lista para entregar un reconocimiento económico a los 147 ediles de la ciudad.
Esta casa editorial pudo establecer que la firma se tenía proyectada para junio de este 2021, pero quizá el buen trámite y el deseo de acelerarlo, entre el alcalde de Medellín y el presidente Iván Duque, hicieron posible la firma rápida, consideró el edil.
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En la ciudad, ya avanza en el Concejo la reglamentación de la norma, y así esta remuneración pronto se empezaría a efectuar, los miembros de las Juntas Administradoras Locales lo ven con buenos ojos.
El secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez Álvarez, expresó en una comunicación enviada a medios locales, que: “En la Medellín Futuro hemos venido trabajando para fortalecer la incidencia de estos líderes en sus territorios, y con esta noticia estamos demostrando que la democracia se consolida mucho más en cada rincón de la ciudad”. “Gracias al esfuerzo de todos, lo logramos”, añadió.
Cabe destacar que en campaña a la Alcaldía, Daniel Quintero Calle se había comprometido con los ediles a incluir el pago de honorarios en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, ya que “son servidores públicos elegidos por voto popular y dedican su trabajo a mejorar la calidad de vida en las 16 comunas y los cinco corregimientos”, dijo al público en ese entonces.
Según contó Ramírez Álvarez, esta tarea le fue encomendada a la Secretaría de Participación Ciudadana al inicio de este mandato local. La dependencia, en sus afirmaciones, hizo una gestión “ejemplar” durante 2020, y así se logró que el proyecto se tramitara con buen término en la Corte Constitucional.
Pero el beneficio no es solo para Medellín, es importante mencionar que, también tiene gran relevancia para todas las ciudades del país con más de 100.000 habitantes, en cuyos territorios se les podrá pagar a todos los ediles por su trabajo.
La mayor contribución
Juan Sebastián Rey consideró que este proyecto era un deber moral del Estado y los territorios, puesto que con él no solo se reconoce la labor de los ediles sino que se contribuye a que su trabajo sea más eficiente.
“Evidencia que hay compromiso de la Nación y de las administraciones por fortalecer el trabajo pertinente de los ediles”, precisó.
Contó él, que conoce de muchos ediles que en Medellìn no tienen, muchas veces, còmo ejercer su rol de mediador en los territorios, y con esta retribución considera que la dificultad será saldada.
Por su parte, él destinará el recurso en más proyección en su comunidad y hará más trabajo de voz a voz, y también expresó que le ayudará a uno que otro pasaje para ir a las clases en la Universidad Eafit, en donde cursa el sexto semestre en Derecho.
¿Qué hace un edil?
Tal vez se pregunte qué es un edil, cómo fue elegido o qué funciones tiene en cada territorio o comunidad.
Los ediles son los integrantes de las JAL (Juntas Administradoras Locales), un órgano democrático que no recibe presupuesto, de la administración Nacional ni municipal, para ejecutar proyectos o suplir las necesidades de las comunidades, sino que estos deben priorizar las peticiones de los habitantes de los barrios que representan ante el Programa del Presupuesto Participativo de Medellín (PP).
Se dicta, entre las funciones de este tipo de funcionario público, que “el bien común deberá estar por encima para los ediles”, por lo mismo, escuchar a los ciudadanos es lo que les permite a ellos garantizar el desarrollo de cada comuna y corregimiento.
Un dato adicional, las JAL se crearon en Colombia en 1968, mediante un acto legislativo y fueron reformadas en 1986.