La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el cual obligaba a las mujeres a cotizar 1.300 semanas para su pensión de vejez, el mismo tiempo que los hombres.
Lea: El SENA ofrece $25.000 millones para emprendimientos nacidos en el campo colombiano
Según la decisión del alto tribunal, las mujeres en Colombia podrán pensionarse si ya alcanzaron una cotización de 1.000 semanas al sistema de seguridad social, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos exigidos por la ley.
La Corte explicó que mientras las mujeres en Colombia podían pensionarse a los 57 años de edad, los hombres lo pueden hacer a los 62, pero las semanas cotizadas exigidas para ambos géneros eran las mismas.
En su fallo, la Corte Constitucional argumentó que esto último “violaba el derecho a la igualdad”. Dicha desigualdad laboral hacia las mujeres radicaba en que para que ellas puedan acceder a la pensión deben acreditar las mismas 1.300 semanas de cotización que los hombres, “sin considerar las barreras y dificultades que enfrentan para acceder y mantenerse en el mercado laboral y asumir las obligaciones del cuidado del hogar, tanto como las que se intensifican cuando llegan a la adultez mayor”.
Vigencia de la decisión
La Corte Constitucional señaló en el fallo que, hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tendrán plazo para regular el requisito de las semanas cotizadas para la pensión de las mujeres en Colombia.
Esto implica que el Congreso debe legislar y tomar una decisión, que debe ser sancionada por el Gobierno Nacional antes del 31 de diciembre de 2025.
Le puede interesar: 445.784 turistas recibió Medellín en los primeros cincos meses de este 2023
En caso de no ser adoptado el nuevo régimen para el primero de enero del 2026, la Corte Constitucional ordenó disminuir gradualmente las semanas de cotización, hasta llegar a las 1.000 para las mujeres.
Es decir, la fecha en la cual las mujeres en Colombia dejarían de cotizar las 1.300 semanas que hoy exige la ley, depende del Congreso y del Gobierno, pero en todo caso esta decisión se debe acatar y empezará a tener efectos a más tardar a partir del año 2026.
