Defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez apelará condena por 12 años

La apelación sería el 13 de agosto. La defensa pidió más plazo para argumentar la petición. En una intervención de casi tres horas, Uribe se declaró injustamente condenado y pidió a los magistrados que revisen su caso con detenimiento.

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La audiencia de lectura de sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien el pasado lunes, 28 de julio, fue declarado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, duró casi siete horas.

Aunque el monto de la condena se filtró sobre el mediodía de este viernes, 1° de agosto, a través de los medios de comunicación, durante la sesión, la jueza Sandra Liliana Heredia leyó de nuevo el fallo condenatorio: 12 años de prisión domiciliaria y una multa de 2.420 salarios mínimos, equivalentes a $3.300 millones.

Además, el exjefe de Estado recibió una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante 10 años. En caso que se ratifique la sentencia en segunda instancia, el exmandatario no podrá ni votar no ser elegido en ningún cargo público.

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Encontrón entre el sentenciado y la jueza

La lectura de la decisión tuvo varios momentos candentes. Primero, la juez se mostró contrariada porque por medio de alguna de las partes del proceso, las víctimas, en cabeza del senador Iván Cepeda Castro, o del condenado, se filtró la condena antes de la audiencia programada.

Más nos demoramos en enviarlo que algunos medios de comunicación publicar esa sentencia. También tengo entendido que uno de los hijos del señor procesado, que no tuvo la gallardía de venir a acompañarlo cuando vino a hacer presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita”, dijo la jueza.

Ante lo expuesto por la togada, el exmandatario pidió la palabra: “Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”. 

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De inmediato la jueza le contestó: “No señor, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado, primero como persona, también lo he respetado por los honores que ha tenido representando a nuestra patria”. 

Sin embargo, el exmandatario, airado, exigió respeto por su familia, por lo que la jueza lo mandó a callar. Después de este cruce de reclamos, la titular del juzgado 44 penal de Bogotá leyó la sentencia.

Frente al roce, Jaime Granados Peña, abogado defensor, intervino y dijo que ni Tomás ni Jerónimo Uribe Moreno están implicados en la filtración anticipada de la sentencia a los medios de comunicación.

Reclamos al proceso de lectura

El segundo momento tenso corrió por cuenta del abogado Jaime Granados Peña, defensor del condenado. El jurista reclamó que solo se hubiera dado lectura al 30 % del folio cuando la norma estipula leer la totalidad del texto recopilado durante los 474 días que tomó el juicio.

La jueza recordó que el lunes pasado las partes acordaron que, de forma preliminar y privada, el juzgado les enviaba el resultado del fallo a las partes; y luego, en la tarde, se daba lectura públicamente a la condena.

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Sin embargo, Granados Peña, reparó que ni él ni nadie de su equipo habían aceptado tal condición, lo que llevó a la jueza a repasar, detalladamente, lo que se acordó el pasado lunes al final de la audiencia de lectura del fallo. En esos apartes quedó claro que el abogado sí estuvo de acuerdo con lo pactado en esa sesión.

Defensa pidió cinco días más para apelar

El tercer instante candente se generó tras una solicitud de la defensa para ampliar, por cinco días hábiles más, el plazo ya concedido, por norma, para presentar y argumentar la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La fecha definida, en primera instancia, para este proceso había quedado para el 11 de agosto, contados cinco días hábiles a partir del 1° de agosto, día de la lectura de la sentencia. Y dado que la próxima semana tiene un día festivo, el jueves 7 de agosto, el quinto día es el 11 de agosto.

La defensa expuso que los tiempos resultaban apretados para revisar y controvertir el documento de 1.114 páginas del fallo condenatorio, por lo que pidió extender el plazo hasta el lunes 19 de agosto.

Ante la solicitud de la defensa, la jueza le dio la palabra a la Fiscalía y la Procuraduría para que expusieran sus conceptos. La delegada del ente acusador se opuso a la petición; mientras que el vocero del Ministerio Público sugirió agregar dos días hábiles, a lo que la jueza accedió.

En tal sentido, la fecha para que la defensa entregue la argumentación del recurso de apelación en contra del fallo de la condena por 12 años de prisión domiciliaria quedó definida para el miércoles 13 de agosto a las 5:00 de la tarde.

Uribe expuso sus argumentos

Una vez definida esta fecha, el expresidente pidió el uso de la palabra y en un discurso revertido de alusiones políticas, jurídicas y académicas hizo un recuento de los elementos, que de acuerdo a su criterio, fueron tergiversados y utilizados de manera tendenciosa durante el juicio en su contra.

Actuando como abogado, su profesión de oficio, ejerció su propia defensa material en la que se citó, a sí mismo, como condenado: “Aun los condenados tenemos toda la posibilidad de que nos protejan los derechos humanos. Aquí nos trataron como equis”.

A lo largo de sus más de tres horas de intervención se refirió a la alusión que hizo la togada sobre sus hijos: “Decir que a mi familia le ha faltado gallardía, que a mis hijos le ha faltado gallardía es una acusación muy grave, sobre todo cuando hay que proteger que esto derive en violencia. Esto es un señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos”.

Reclamó por las figuras utilizadas por la jueza durante la lectura del fallo. Según Uribe Vélez, la funcionaria actuó de forma subjetiva en detrimento de sus derechos como procesado: “La señora juez se refirió con animosidad a mi defensa y a mí también. Aquí no hubo respeto por nosotros. En ocasiones hubo controles, pero aquí no hubo respeto ni por mi defensa ni por mí”.

En muchos momentos se quejó acerca de una aparente falta de investigación en su caso. “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme. No ha habido reciprocidad, una sentencia de 1.114 páginas, pero convertida en un discurso político simplemente para sustentar una condena”, dijo.

De forma vehemente, Uribe Vélez, expresó que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay era una consecuencia directa de señalamientos generados desde el alto gobierno. Según él, aliado directo de la sentencia atribuida en su contra.

Aunque en un inicio se dirigió a la jueza como “su excelencia”, en cuestión de minutos cambió de destinatario y dirigió su defensa hacia los magistrados de la sala penal que estudiarán su caso en el Tribunal Superior de Bogotá.

“Pido a los magistrados investigar las llamadas del 26 de marzo de 2018; la reunión en cárcel ‘La Picota’ entre Cadena, Monsalve y su abogado, de la cual me enteré 56 días después. Así mismo que tengan en cuenta los giros en dinero que Cadena le hizo a Carlos E. Vélez, que Cadena no los ha negado”, reiteró.

Y agregó, también aludiendo a los togados del alto tribunal, exclamó: “En este fallo político  que me condena se omitió el testimonio de Hernán Cadavid, hoy Representante a la Cámara por el C.D., ¿o lo consideraron a él mentiroso? Pido que esto que me ha pasado lo conozca la justicia nacional e internacional, aquí hubo acciones dilatorias”.  

Y a su estilo patriota convocó a sus adeptos a que lo defiendan y les expresó que aún desde su sitio de reclusión sus ideales seguirán intactos: “Esta condena, a pesar de los años que tengo, me anima a seguir luchando por Colombia, y a denunciar estas anomalías, que hoy me afectan; mañana, mientras siga así el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista afectará a otros compatriotas”.

La jueza Sandra Liliana Heredia ordenó a los servicios judiciales del municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, donde reside Uribe Vélez para que coordine la recepción de la caución y la suscripción de la diligencia de compromiso.

Mediante este trámite, el exmandatario permanecerá allí, bajo vigilancia, mientras se ejecuta la medida de prisión domiciliaria y se define el recurso de apelación al que tiene derecho ante la siguiente instancia de su dilatado proceso.

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