| | Con el apoyo de los congresistas antioqueños, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá evalúa la posibilidad de demandar por constitucionalidad el decreto 141 del gobierno nacional, vigente desde el 21 de enero.
Tanto el director de la entidad, Mauricio Facio Lince, como los alcaldes de Medellín, Sabaneta, Copacabana y Giradota, están en desacuerdo con un aparte de esta disposición que le quita al Área Metropolitana -y a sus similares en el país- toda competencia sobre el manejo del recurso hídrico y traslada esta responsabilidad a las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-. En el caso local, corresponde ahora a Corantioquia asumir la carga que desde hace 30 años tenía el Área Metropolitana. “Este decreto crea un limbo jurídico muy terrible para la ciudad, significa desbaratar una estructura consolidada como el Área Metropolitana porque otras autoridades ambientales en Colombia tienen problemas de corrupción e ineficiencia. Estamos pagando justos por pecadores y con esto se van a crear unas ineficiencias como dos nóminas, dos personas que tengan que hacer la misma visita a una misma fábrica.” Proyectos de valorización, entre los perjudicados
Según Mauricio Facio Lince, el decreto 141 entorpece la labor que venía desarrollando el Área Metropolitana en cuanto a trámites de quejas, solicitudes de ocupación de cauce y vertimientos, concesiones subterráneas y superficiales, asuntos que hoy no tienen quien los estudie. Los perjudicados son, solo hasta el momento, 230 proyectos privados y públicos que se adelantaban o iban a empezar a desarrollarse en El Poblado. Estos quedaron en el aire, toda vez que están congelados las solicitudes y estudios para negar u otorgar sus licencias ambientales relacionadas con el recurso hídrico.
Entre las obras que se ven afectadas por el decreto 141 están varias del paquete de valorización, tal y como lo confirmó el director ejecutivo del Fondo de Valorización de Medellín -Fonval-, Luis Alberto García. “En principio, esto causa un retraso a tres de las obras: la prolongación de Los Parra hacia Patio Bonito, para la cual habíamos solicitado permiso para intervenir el cauce de la Guadalajara; el paso a desnivel de la Transversal Superior con la calle 10 (falta el permiso para intervenir La Presidenta); y la prolongación de la carrera 15, entre San Lucas y San Marcos de La Sierra”, dijo García. Trámites por partida doble
Sobre qué sucederá ahora con estas solicitudes y trámites de constructores públicos y privados, Mauricio Facio Lince indicó que “todos los permisos de ocupación de cauce que estábamos evaluando pasan o pasarían a Corantioquia, donde hay que montar una estructura que Corantioquia hoy no tiene. No sabemos cuánto demorará esa transición”. Para Facio Lince “es ilógico partir la competencia ambiental del territorio en dos. En el caso de un edificio que vayan a construir en El Poblado, por ejemplo, la mitad de los trámites los van a tener que hacer con Corantioquia y la otra mitad con el Área Metropolitana.” Quejas en el aire
Entre las quejas que quedaron sin investigar está una reciente contra la Clínica Las Vegas, por, supuestamente, verter aguas residuales o servidas a la quebrada La Sucia, situación que se evidenció con los trabajos del puente de la calle 4 Sur. “Al técnico que iba a hacer la investigación para determinar si se está cometiendo una infracción y empezar un proceso sancionatorio, se le quitó la responsabilidad de hacerla”, informó el director del Área Metropolitana. “Le tenemos que entregar el archivo a Corantioquia y esta se podría demorar muchos meses en atender asuntos urgentes, como ese.”
Vivir en El Poblado consultó con la Clínica Las Vegas su opinión sobre este tema, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. | |
