El documento, con la firma de todos los ministros del gabinete presidencial, se conoce luego de casi ocho días de análisis ante la situación de violencia derivada en ese territorio por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC.
“Declarar el estado de conmoción interior, por el término de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander”, se lee en la declaratoria.
La decisión aplica para los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Sardinata y Tibú, con su corregimiento La Gabarra.
Conforme al texto, la medida también cubre a los territorios indígenas de los resguardos Motilón-Bari, y Catalaura-La Gabarra y el área metropolitana de Cúcuta, incluida la capital nortesantandereana, en límites con Venezuela.
El decreto se hace extensivo, igualmente, para las localidades de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, también en Norte de Santander; así como a los municipios de Río de Oro y González, departamento del Cesar.
Aunque no ha trascendido, es posible que la medida también cobije algunos municipios del departamento de Arauca, desde donde según las autoridades se generó un movimiento inusual de tropas del ELN hacia Catatumbo, previo a los hechos de violencia desatados desde el pasado 16 de enero.
En el documento se deja claro las razones por las que se recurre a esta figura y se establecen las zonas en las que se delimitará el estado de excepción consagrado por la Constitución.
La medida faculta al gobierno de Gustavo Petro Urrego a expedir medidas y actos jurídicos con fuerza de ley que posibiliten instaurar el orden en el Catatumbo; y en especial, que le permita al Estado atender la crisis humanitaria generada por enfrentamientos entre grupos ilegales.
Con respecto al desplazamiento forzado y de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Justicia Transicional, con corte al 22 de enero de 2025, el consolidado de la población desplazada forzadamente es de 36.137 personas.
De la misma manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores indica que debido a la situación de orden público entre el 17 y el 19 de enero pasado hubo un flujo migratorio hacia Venezuela que alcanzó las 700 personas diarias. Según el reporte, el 20 y 21 de enero se presentó una leve disminución de 400 personas en promedio por día.
Hasta el 21 de enero, la Alcaldía de Cúcuta atendió a 15.086 personas como consecuencia del escalamiento de las hostilidades y los ataques a la población civil en la región del Catatumbo; además, en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto se presenta el confinamiento de 7.122 personas.
Ante esta situación, el decreto advierte sobre las dificultades que existen en la atención de servicios primarios de salud, así como asistencia humanitaria, y el riesgo en la prestación de los servicios públicos esenciales de agua, energía y gas debido a que no ha sido posible adelantar las labores de mantenimiento de las redes afectadas por la situación de violencia.
“En atención a la gravedad de la situación excepcional que se vive en la región del Catatumbo, caracterizada por el aumento de la violencia, la crisis humanitaria, el impacto en la población civil, las amenazas a la infraestructura crítica y el desbordamiento de las capacidades institucionales, se hace imprescindible la adopción de medidas extraordinarias que permitan conjurar la perturbación, restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana, así como garantizar el respeto de los derechos fundamentales”, anota la norma.
Como respuesta a los enfrentamientos entre el ELN y la estructura residual 33 del Estado Mayor Central -EMC-, o disidencias de las FARC, en el Catatumbo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, anunció que más de 400 unidades de la fuerza pública han llegado a zonas estratégicas de esa región fronteriza con Venezuela para reforzar acciones operativas de control territorial y seguridad para las comunidades afectadas por el recrudecimiento de la violencia.
