Votar en Colombia no es un trámite. Para millones de ciudadanos es un acto de resistencia. Resistencia contra el desencanto, contra la distancia entre lo prometido y lo cumplido, y en demasiados territorios, contra algo más concreto y más aterrador: el fusil.
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Una encuesta de Invamer, realizada en mayo de 2026, reveló que seis de cada diez colombianos creen que los grupos armados ejercen presión sobre el voto en los territorios donde operan. La Misión de Observación Electoral registró 386 municipios en riesgo —139 en riesgo extremo— distribuidos en 31 de los 32 departamentos del país. Y aun así, la gente asistió.
Eso no es una estadística electoral. Es un gesto de confianza monumental en un país que tiene pocas razones para confiar.
Los números de fondo son brutales. El Latinobarómetro 2024 sitúa la confianza en los partidos políticos colombianos en apenas el 9 % —el nivel más bajo de la región, empatado con Perú. Según la encuesta OCDE de 2023, solo el 32 % de los colombianos confía en su gobierno nacional, por debajo del promedio de los países miembros. No es un dato nuevo: la confianza institucional en América Latina lleva años en caída libre. Vivimos, como diagnosticó la filósofa Onora O’Neill en sus célebres Reith Lectures, no una crisis de confianza sino algo más grave: una cultura de la sospecha. Una en la que la duda precede a la evidencia, y la desconfianza ya no necesita ser justificada porque se ha vuelto el estado por defecto.
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¿Cómo convence un candidato a una sociedad que no confía en los partidos, que en muchos municipios no pudo escuchar libremente las propuestas de campaña porque un grupo armado lo prohibió, que lleva décadas viendo cómo las promesas se evaporan después del conteo de votos? Ese es el verdadero reto de cara al 21 de junio, y no tiene que ver con las encuestas ni con los votos que cada candidato pueda sumar.
Tiene que ver con si son capaces de entender que gobernar a Colombia en este momento exige, antes que cualquier agenda programática, reconstruir el tejido más dañado del país: la confianza.
Francis Fukuyama lo documentó hace treinta años en Trust: el capital social que representa la confianza entre ciudadanos vale tanto para el desarrollo de una sociedad como cualquier capital físico. Las sociedades que no confían no contratan, no invierten, no cooperan, no construyen instituciones duraderas. Y como demostró Robert Putnam en su trabajo comparado sobre Italia y Estados Unidos, las regiones con mayor confianza cívica no eran las más ricas de partida —pero sí las que mejor gobernaban con el tiempo. La confianza no es el premio al final del camino. Es la condición para que el camino exista.
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Lo que el 31 de mayo mostró es que los colombianos quieren confiar. Quieren creer que el sistema electoral funciona, que su voto pesa igual que el del vecino, que nadie —ni el Estado, ni un grupo armado, ni un aparato político— puede decidir por ellos. Ese deseo no debe ser ni romantizado ni traicionado.
Los candidatos que compiten por la segunda vuelta reciben de los votantes algo que no merecen todavía del todo: el beneficio de la duda. La pregunta es qué harán con él en estas tres semanas.
La respuesta no está en los debates ni en las concentraciones. Está en la conducta cotidiana: en si respetan las instituciones árbitros aunque no les favorezcan, en si hablan de los territorios en riesgo con la misma energía con que hablan de las ciudades capitales, en si entienden que gobernar a Colombia exige llegar también a quienes votan con miedo.
Construir confianza en Colombia no es un proyecto de campaña. Es el proyecto de país que este momento exige.
