/ Juan Carlos Vélez Uribe
Desde hace tres años hago parte de una asociación de parlamentarios del mundo que pretende lograr el desarme de todos los ciudadanos y dejar en manos del Estado el manejo de las armas. Sabemos que es una utopía; por el crecimiento de la inseguridad ciudadana en varios países el logro de esa meta se hace cada vez más difícil.
Ojalá algún día en Colombia podamos decir con satisfacción que los colombianos ya no portan ni utilizan armas de fuego, y que solo los policías y soldados, como representantes legítimos del Estado, están facultados por la ley, como representación de la voluntad popular, para hacer uso de ellas.
En nuestra nación definitivamente tenemos que hacer algo para lograr ese sueño de muchos que queremos un país en paz, donde cese la violencia y donde los colombianos no nos sigamos matando entre nosotros. Pero para alcanzar este propósito requerimos unas políticas eficaces.
En aras de dimensionar la magnitud del problema de violencia que padecemos, hay que considerar que gran parte de las muertes violentas son producidas con armas de fuego. En Colombia se contabilizan al año cerca de 14.000 homicidios, y eso que superamos épocas de 30.000 por año. Éramos el país con el más alto índice de asesinatos en el mundo. Sin embargo, hoy podemos cantar una victoria parcial en cuanto a que nos hemos bajado de la deshonrosa lista de los 10 países con el mayor número de asesinatos. Hoy tenemos una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que otros países de la región nos superan ampliamente: Honduras 90, Venezuela 54, Belice 45, El Salvador 41 y Guatemala 40.
Pero para lo que ocurre en otras latitudes, seguimos en niveles muy altos. Por ejemplo, en los países escandinavos y algunos europeos donde está prohibido el porte de armas de fuego, las cifras de homicidios son mínimas. El Reino Unido tuvo 722 el año pasado, España 390, Suecia 91 e Islandia -sorprendentemente- un solo caso. En Japón, donde por vía constitucional se prohíbe el porte hasta de espadas, es de 506 homicidios por año, y el caso más sorprendente es el de China que con 1.300 millones de habitantes tiene 500 casos menos por año que nuestro país.
Colombia cuenta con una legislación fuerte para controlar el porte ilegal de armas de fuego, gracias a nuestra iniciativa de sancionar drásticamente esta conducta hoy incorporada en la ley de seguridad ciudadana (1453). Esta ha servido, como lo reconoció el anterior director de la Policía, León Riaño, para disminuir el número de homicidios en el país, pues logramos que este porte ilegal no continuase siendo un delito excarcelable. Por eso hoy el gran responsable del aumento de presos en las cárceles es este tipo penal. De 120.000 personas que se encuentran en ellas, 30.000, la cuarta parte, corresponden a este delito.
A pesar de los esfuerzos por controlar estas conductas delictivas, aún el porte ilegal sigue siendo una gran preocupación para las autoridades. Según cifras oficiales, son cerca de cuatro millones de armas de fuego ilegales las que están en manos de la población. A la norma que con tanto esfuerzo logramos aprobar para evitar la excarcelación de quien porta estas armas, hoy han salido al paso los delincuentes que utilizan armas de juguete o pistolas de balines para cometer sus fechorías: cuando los capturan no pueden judicializarlos porque no hay norma a aplicar, caso que se está viendo mucho en El Poblado.
Es fundamental que no cesemos en nuestro propósito de lograr que algún día los ciudadanos de nuestro país no tengamos que portar armas de fuego para defendernos del delito, porque tenemos una Fuerza Pública y una justicia que evitará que ello suceda, como ocurre en otros países. Soñar no cuesta nada.
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