Este miércoles 30 de septiembre se conoció que una mesa técnica, convocada por integrantes de la Junta Administradora Local de El Poblado, visitó este martes el edificio Continental Towers, tras las múltiples denuncias por presencia de saqueadores en la estructura.

Al edificio construido por la sociedad constructora Lérida C.D.O y Alsacia y evacuado por problemas estructurales en 2013, ingresaron funcionarios de la secretaría de Inclusión Social, del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd y de la Inspección de Policía 14A El Poblado, el comandante de la Estación de Policía de El Poblado, así como residentes del edificio Interclub -cimentado frente a Continental Towers y al lado del Condominio Asensi- y líderes del sector del Padre Marianito.

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Juan Sebastián Rey, presidente de la JAL de El Poblado le dijo a este medio que el encuentro se realizó con el objetivo de analizar la situación de las estructuras evacuadas.

“Descubrimos colchones, radios, paquetes de comida frescos comprados en restaurante. Ellos se asientan ahí mientras van a desvalijar el edificio”.

“Esta reunión está encaminada a lograr que el Dagrd nos ayude a determinar que esos dos edificios tienen un riesgo estructural a raíz de los desmanes y los saqueos que ha habido”, explicó el edil y aseguró que durante su recorrido, revisaron partes de Continental Towers que se repotenciaron y que están sosteniendo la estructura, puesto también las están hurtando.

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Tras este encuentro, se estableció crear una mesa de seguridad para trabajar con los vecinos del sector y a su vez, articularse con el Área Metropolitana, Inspección de Policía 14A y entidades de control. “También impulsaremos una mesa de trabajo con la Fiscalía, porque nos dimos cuenta de que las personas que llegan a desmantelar los edificios son casi siempre las mismas, se está convirtiendo en una banda criminal”, reveló Rey.

El presidente de la JAL de El Poblado concluyó que probablemente en la segunda semana de noviembre se realice una audiencia pública en la que, por medio de preguntas al Dagrd, “se pueda determinar que esos predios se declaren como una calamidad pública y/o zona de exclusión, para que nadie pueda entrar debido al riesgo de un desplome inminente”.