Por Catalina Peláez
El pleito judicial entre los copropietarios de Continental Towers, vecino del desaparecido Space, y la firma CDO, constructora de esta unidad, va para largo. Para todo sirvió la audiencia de conciliación del pasado 11 de mayo, que dirigió la Super Intendencia de Industria y Comercio, pero no para conciliar porque ese día los afectados alzaron nuevamente voces para decir “no” a la rehabilitación y “sí” a la restitución de su patrimonio. En el otro lado del ruedo estuvo CDO, que insistió en la repotenciación. Al día siguiente, y para dar continuidad a la audiencia, los afectados expusieron ante el juez el drama vivido luego de que tuvieran que ser desalojados de manera preventiva por el Dagrd, el 29 de octubre de 2013. Han pasado 16 meses y algunos días, y el futuro de los copropietarios de Continental Towers sigue en el limbo.
En adelante, queda esperar un fallo judicial: “El dos de junio continuarán los interrogatorios a testigos. Se espera que el ingeniero Luis Eduardo Yamín (profesor de la Universidad de Los Andes y líder del estudio de las causas del desplome de la torre seis de Space), el ingeniero Roberto Rochel (contratado por los propietarios de Continental Towers para realizar un análisis de esta edificación) y Fredy Castañeda (ingeniero contratado por CDO para hacer diagnósticos estructurales a la misma urbanización) declaren como testigos. Después, podría haber otra audiencia de pruebas, y posteriormente el proceso continuaría con los alegatos de conclusión y finalmente tendríamos el fallo en primera instancia del juez de la Superintendencia de Industria y Comercio”, explica Diana Tobón, propietaria del apartamento 1401 de la fase uno de Continental Towers, e integrante del comité jurídico de esta unidad residencial. Los copropietarios esperan que la Super Intendencia falle este año. A partir de ahí, cualquiera de las dos partes que se encuentre en desacuerdo con la sentencia, podrá apelar en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, interponiendo un recurso de apelación.
“No habría necesidad de leyes anticolapso”
Mientras cientos de familias de los edificios Continental Towers, Asensi, Space, entre otras unidades residenciales en diferentes sectores de la ciudad, siguen en una lucha contra el grupo constructor CDO, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se discutió en días pasados el proyecto de ley de vivienda segura, que fue radicado por el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, el pasado 3 de marzo. El proyecto de ley, que establece disposiciones como la protección a los compradores de vivienda, el incremento de las medidas de seguridad de las edificaciones y una mayor vigilancia para los curadores urbanos, es, a juicio de Nelson Vanegas, propietario del apartamento 911 de la torre 3 de Space, una legislación innecesaria. “En esta oportunidad, la ley pretende prevenir que casos como el de Space se vuelvan a repetir, pero este es un problema de costumbres nacionales, de cultura ciudadana, de cultura política y de ética. Promover o promulgar una ley nueva no va a solucionar los problemas que ya existen. ¿Qué quiero decir? que a las personas que ya estamos metidas en esto, esa ley no nos resuelve nada; no nos da ningún derecho nuevo, no subsana los daños y perjuicios causados. En el caso de las personas que viven en una propiedad que tiene problemas, la ley tampoco aplica porque no es retroactiva, o sea que solo aplicaría para vivienda nueva y finalmente en relación con los edificios nuevos, lo único que tienen que hacer es cumplir con la norma de sismo resistencia”.
Según Nelson Vanegas, la legislación solo cumple el propósito de favorecer a Fasecolda, organización que regula a las aseguradoras, por medio de un seguro obligatorio para toda vivienda nueva, que garantice la estabilidad de la obra y que cubra fallas estructurales de la edificación. “Fasecolda se lo tomó muy a pecho porque eso favorece sus intereses”, afirma Vanegas.
Para este vocero de Space, no habría necesidad de leyes anticolapso si el gremio de la construcción acatara la norma de sismorresistencia y si esta se hiciera cumplir o se sancionara en caso de incumplimiento, “pero ya van más de 16 meses y ni a un solo ingeniero que tuvo que ver con las obras de CDO le han quitado la tarjeta profesional”. A la fecha, el articulado del proyecto de ley de vivienda segura no ha sido votado; se espera un nuevo debate aún sin fecha definida.
