Proceso de construcción de la obra que se encuentra casi terminada
Por Luisa Martínez
La adecuación de una casa para un futuro supermercado D1 avanza en el barrio Castropol, a pesar de que el 13 de julio el inspector 14 A de Policía de El Poblado, Róbinson Murillo, suspendió la obra debido a que no tenía la licencia de construcción, tal como lo establece el artículo 103 de la Ley 388 de 1997 (modificado por Ley 810 de 2003). “Por queja de comunidad del sector (el 20 de mayo) este despacho se enteró que en la calle 15 B # 35 A 79, se están llevando a cabo actuaciones urbanísticas y de construcción, al parecer sin contar para ello con licencia de construcción” dicta la medida policiva. Y describe que “en el momento de la verificación se tuvo conocimiento de actuación urbanística en modalidad de demolición y el ingeniero responsable al momento de la visita no aporta la licencia de construcción”.
Actualmente la fachada de la obra exhibe el aviso “Solicitud de licencia urbanística” a la Curaduría Urbana Tercera, radicada el 18 de agosto de 2015 por IRC Arquitectura SAS, en la modalidad de modificación para un proyecto unifamiliar, de uso residencial y comercial. La inconformidad de los vecinos del sector es porque, según expresan, “hace cuatro meses pusimos en manos de las autoridades competentes este caso y no se ha hecho nada para que la ley sea atendida y el constructor suspenda la obra”.
Por su parte Astrid Velásquez, Secretaria de Gestión y Control Territorial afirma que “no es legal que se continúe el proceso de construcción y más cuando media una orden de suspensión emitida por la Inspección”. Además, asegura que visitó la vivienda el pasado 6 de octubre. “El vigilante que recibió la visita argumentó que estaban realizando cambios de piso y redes de acueducto y alcantarillado interno. Sin embargo, se evidencian modificaciones en la construcción actual, ante las cuales se solicitó licencia y no fue aportada. Se pidió suspender las labores y que se ajustaran a la orden emitida por el inspector de Policía 14 A, Róbinson Murillo”.
Fotos cortesía
Inspección 14 A investiga para imponer sanción
El inspector 14 A Róbinson Murillo afirma que “la suspensión de la obra se ofició (en julio) a la policía y la inspección de permanencia porque se determina que no cumple con los requerimientos legales para adelantarse. Así mismo empezó un proceso administrativo por presunta infracción urbanística. Estamos a la espera de que Catastro nos informe quién es el propietario del inmueble y la dirección para imponer las sanciones pecuniarias”. Explica que una vez se impone la multa el infractor tiene 60 días para que se adecue a las normas y adelante la licencia respectiva. Si no es así, se procede a ordenar la demolición de la obra y la imputación de multas sucesivas hasta que cumpla.
Sobre la continuación de las obras Murillo expresa que “en caso de que siga construyendo a pesar de la medida de suspensión se agrava la sanción. Esta se impone de acuerdo al área construida y corresponde a 10 SMLMV (6.443.500 pesos) por metro cuadrado. Estamos en investigaciones preliminares para establecer la presunta infracción y quiénes son los infractores, y para ello dependemos de elementos probatorios para adelantar el pliego de cargos”. A su vez pide paciencia a la comunidad. “Se debe respetar y garantizar un debido proceso y un derecho a la defensa. El inspector, una vez tenga los elementos necesarios expedirá la decisión a que haya lugar”.
Lo que preocupa a los habitantes del sector es que el establecimiento se convierta en un problema de movilidad y que no cuente con el espacio para realizar sus operaciones. Por eso, también reportaron la situación ante la Subsecretaría de Espacio Público y el DAP, para que verificaran si la obra cumple con el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. A la fecha, aseguran, no han obtenido respuesta de estas dependencias.
Según informe de Verónica Saldarriaga, arquitecta analista de la Curaduría Urbana Tercera el propietario del lote es Juan Guillermo Jaramillo Giraldo, quien por un intermediario radicó la licencia que se encuentra en proceso de estudio y que el pasado 29 de septiembre completó la documentación. La solicitud es para un minimercado y una vivienda que, de acuerdo con el POT –acuerdo 48 de 2014– “se encuentra en un área de baja mixtura, con área residencial predominante que permite un pequeño comercio que no supere los 200 m2. El área del lote es de 900 m2 y puede tener hasta cuatro locales”. Según la norma, “no hay obligación de parqueaderos, pero sí unos topes máximos (art.365)”.
Por decreto 1469 de 2010, un tercero, en este caso un vecino, puede hacer parte del trámite y presentar objeciones y pruebas fundamentadas en las normas jurídicas referentes a la solicitud de la licencia. Sin embargo, la arquitecta afirma que no se tiene un radicado en esa curaduría con pruebas. Ese mismo decreto establece que se pueden adelantar sin licencia mejoras de mantenimiento.
“Es la Inspección que tiene injerencia porque nosotros no somos ente de control. Si hay proceso sancionatorio no podemos seguir adelante con la licencia, pero no podemos negar una licencia sin las pruebas”. agrega.
Vivir en El Poblado consultó a Koba Colomba S.A.S, operadora de tiendas D1, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
