El martes 24 de febrero a las 5 de la tarde fue aprobado el acuerdo 300 de 2015, que otorga facultades especiales a Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, para transformar la estructura de la Administración Municipal. Catorce concejales votaron a favor de la medida, mientras que cinco votaron en contra. El debate, que comenzó a las 9 de la mañana, tuvo una masiva asistencia de ciudadanos.
Luis Bernardo Vélez, Bernardo Alejandro Guerra, Miguel Quintero, Juan Felipe Campuzano y Yefferson Miranda votaron por el no; mientras que Fabio Humberto Rivera, Ramón Emilio Acevedo, Roberto Cardona, Germán Patiño, Carlos Alberto Bayer, Carlos Mario Uribe, Jaime Cuartas, John Jaime Moncada, Jesús Aníbal Echeverri, Carlos Mario Mejía, Aura Marleny Arcila, Rober Bohórquez, Santiago Martínez y María Mercedes Mateos votaron por a favor. El concejal José Nicolás Duque no votó.
El debate comenzó con la intervención de una aireada comunidad, que duró alrededor de tres horas. Participaron voceros de los sindicatos y de los funcionarios público, y personas naturales que se inscribieron para intervenir. Todos expresaron su oposición a la aprobación del acuerdo y cuestionaron el soporte legal del mismo. Así mismo, fueron enfáticos en expresar el temor a la privatización de EPM, y las consecuencias que el nuevo modelo de Conglomerado Público podría tener en los empleos de los funcionarios, quienes manifestaron sentirse asustados de una “masacre laboral”.
Voces en el Concejo
Juan Felipe Campuzano, uno de los concejales que se opone a la medida, aseguró que, aunque “hoy en día EPM tiene la puerta absolutamente cerrada para cualquier privatización, con ese proyecto de acuerdo va a quedar la puerta ajustada, porque el conglomerado se puede volver mixto en cualquier momento, y nadie puede decir nada”.
Así mismo, dijo que los concejales necesitan saber qué se va a hacer, cómo, con qué plata, y qué va a pasar con la estructura administrativa. “El tema de tramitar facultades me parece vergonzoso. A un concejal no lo eligen para que esté diciendo a todo sí a la Administración, o para que le entregue facultades al Alcalde para que haga lo que le dé la gana”, comentó.
Sobre el argumento de la administración, de que esta medida se toma para facilitar la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial, Campuzano dice: “Una cosa no tiene que ver con la otra, es una artimaña. Me parece vergonzoso y por eso la gente está molesta. No hay que tener dos dedos de frente, para entender que aquí hay algo muy extraño que está pasando, que no lo quieren decir y eso es vergonzoso”.
Finalmente, cuestiona que se vaya a implementar la medida sin tener en cuenta a la comunidad. “¿Por qué aprobar el proyecto de acuerdo? ¿Por qué la Administración no se da a la tarea de hacer unos foros de cara a la ciudadanía y traer unos estudios que sostengan este proyecto de acuerdo? Cuando la personería de Medellín dice que no hay un solo estudio que justifique el proyecto de acuerdo. Lo dice literalmente”.
Por su parte, Jesús Aníbal Echeverri, concejal que está a favor de la aprobación del acuerdo 300, aseguró que es una acción pertinente para la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. “Está en conocimiento que la Secretaría de Planeación tiene problemas de recursos, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista humano”. Recordó, además, que el proyecto está blindado para no privatizar ninguna empresa de carácter público.
“Vamos a hacerle un seguimiento a este proyecto. Va a haber una comisión de concejales, para mirar que no se vayan a cometer errores de procedimiento con las personas que están laborando hoy, o que no acaben empresas que la ciudad requiere”, expresó Echeverri, quien criticó a la Alcaldía porque, según él, el Alcalde y su equipo cometieron errores de procedimiento en el tema de la información, “y esto genera una expectativa en la gente”.
EPM desmiente privatización
En la presentación de la nueva tarifa de servicios públicos, Juan Esteban Calle, gerente de EPM, se refirió al acuerdo 300 y los rumores sobre una posible privatización del grupo empresarial, uno de los ejes centrales de la discusión.
“Nosotros no estamos incluidos en el acuerdo 300. No toca para nada al grupo empresarial. Lo que quiere el municipio es, precisamente, llevar buenas prácticas de gobierno corporativo y de gestión administrativa a otras entidades municipales. Consideramos que la desinformación con relación al futuro del Grupo EPM, que nada tiene que ver con el acuerdo 300, no es responsable con el grupo empresarial”, afirmó.
¿Que hubiera pasado si se hubiera votado en contra?
De no haber sido aprobado el acuerdo 300 de 2015, Jorge Pérez, director del Departamento Administrativo de Planeación, asegura que les hubiese tocado buscar alternativas diferentes para fortalecer, cualificar y articular internamente a la Administración Municipal.
Así mismo, dice que no se hubiera podido implementar adecuadamente el Sistema Institucional de Gestión del POT, “que busca desplegar un conjunto de mecanismos de gestión, con mayor autoridad y control urbanístico, para la gestión de temas como las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), el cobro de las obligaciones urbanísticas, las curadurías, entre otros”.
Por otro lado, Luis Bernardo Vélez, uno de los concejales que votó en contra del proyecto, asegura que, de no haberse aprobado el acuerdo 300, no hubiera habido ninguna consecuencia negativa para la Administración, ni para la ciudad. Por el contrario, dice que “no pondríamos en riesgo el patrimonio público”. Y si bien, acepta que el Departamento Administrativo de Planeación necesita una mejor estructura para el desarrollo del POT, “esto no justifica que se le den una facultades tan amplias al Alcalde”.
