La Fiscalía imputó cargos por la tragedia de Space: por el delito de homicidio culposo, a Pablo Villegas, quien para el 12 de octubre de 2013 era representante legal de la constructora Lérida CDO; a Jorge Aristizábal, ingeniero estructuralista del proyecto, y a la ingeniera María Cecilia Posada, quien dirigió la construcción. Por el delito de prevaricato por omisión fueron imputados Eliney Francis, curadora segunda de Medellín (2005-2006), quien otorgó las licencias para las etapas 1, 2 y 3, y Carlos Alberto Ruiz, curador segundo en 2007, quien otorgó las licencias para las etapas 4, 5, 6 A y 6 B.
La Fiscalía determinó que “hubo fallas en diseño y construcción. Más de mil irregularidades en vigas, columnas, elevadores, entre otros. Hubo un cálculo erróneo en materia de soporte del peso. Se planearon 22 pisos y fueron construidos 26. Además, se constató que la obra fue diseñada sin el respeto por las normas de sismorresistencia”. El vicefiscal Jorge Perdomo añadió: “El edificio no hubiese aguantado un sismo”.
Estas apreciaciones, similares a las de la Universidad de Los Andes, contrastan con la insistencia de la constructora Lérida CDO en “rehabilitar” las torres 1, 2, 3 y 4 de Space. El plan de repotenciación de estas estructuras fue entregado el martes 1 de abril por CDO a la Inspección 14 A de Policía de El Poblado, según aseguró María Cecilia Posada, hoy representante legal de esta constructora, a Vivir en El Poblado.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, desestimó esta pretensión. “Lo que yo creo es que se tienen que derribar las cuatro torres”, dijo, y afirmó que el pago de las viviendas a los damnificados de Space no puede estar condicionado a la rehabilitación del edificio.
Con el fin de evitar que se repitan casos como este, el Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley que contempla medidas como la exigencia de pólizas obligatorias para proyectos de vivienda nueva, supervisión técnica independiente de proyectos, certificación técnica de ocupación e incompatibilidades e inhabilidades para los curadores urbanos.
En reciente cuestionario contestado a El Colombiano, el gerente de CDO, Pablo Villegas, trató de disminuir la gravedad de lo sucedido en Space y aseguró que en Medellín se están “repotenciando 40 edificios”. Tanto Planeación Municipal como el Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo) desestimaron las declaraciones.
Entre tanto, ocho de las familias damnificadas de Space y 40 de Asensi, representadas por el jurista Javier Tamayo, se unieron a la acción de grupo que cursa en el Juzgado 11 Administrativo de Medellín. El instrumento permite en una sola demanda reclamar una indemnización plena de perjuicios para todos los afectados por un mismo hecho.
